El Consell anuncia acciones judiciales por la multa de la UE

El Consell exigirá legalmente responsabilidades económicas a los anteriores gestores de la Generalitat por la multa de la Unión Europea (UE) por manipulación del déficit, y que el Gobierno central ha repercutido a la Comunitat Valenciana, y estudia si la vía sería por malversación contable.

Así lo anunció ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien acusó de «connivencia política» al Gobierno de España y al anterior gobierno valenciano, ambos del PP, y aseguró que adoptarán «todas las acciones jurídicas y políticas» necesarias para evitar sean los valencianos los que paguen.

Tras mantener una reunión con el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, el presidente anunció que esta iniciativa completa el recurso ante el Tribunal Supremo (TS) por la decisión del Consejo de Ministros de que esa multa recaiga sobre el actual Ejecutivo autonómico.

«Se estudian las posibilidades para, legalmente, hacer llegar la responsabilidad a los que han sido coautores de esta situación, unos porque no han vigilado y otros porque no han puesto las medidas necesarias de fiscalización», explicó Puig, quien apuntó que van a «identificar» a quienes tuvieron esa responsabilidad.

Según la directora general de la Abogacía, María José Rodríguez, «cabía la posibilidad de exigir una responsabilidad contable, en cuyo caso el órgano competente sería el Tribunal de Cuentas, o bien por un alcance e incluso llegar a una posible malversación contable» y anunció que la próxima semana tendrán el informe jurídico al respecto.

«Son dos vías, una la interposición del recurso por el acto que emana del consejo de ministros y otra de carácter interno, que es la exigencia de esa responsabilidad. Lo estamos estudiando», agregó Rodríguez.

Puig mostró su «absoluto rechazo» a lo que ha definido como «la última acción de Gobierno de España que va directamente contra los intereses de los valencianos» y aseguró que la repercusión de la multa es «un caso más deslealtad institucional profunda» porque en todo el proceso no se ha informado a la Generalitat y ha «recibido un castigo, del que nada tiene que ver».

El presidente consideró que «ha habido una absoluta connivencia entre el Gobierno de España y el anterior gobierno de la Generalitat. Ha habido una corresponsabilidad».