Política
El Consell descarta un nuevo plan de ajustes para reducir el déficit
Afirma que hay margen para «optimizar el gasto» y aprueba un decreto sanitario que permitirá ahorrar 300 millones al año
La Generalitat no pondrá en marcha un nuevo plan de ajuste para controlar su déficit. Continuará aplicando las medidas establecidas en el de reequilibrio financiero, con horizonte 2014, presentado en abril del año pasado.
La Generalitat no pondrá en marcha un nuevo plan de ajuste para controlar su déficit. Continuará aplicando las medidas establecidas en el de reequilibrio financiero, con horizonte 2014, presentado en abril del año pasado. Este documento contemplaba la privatización de la gestión de los hospitales con el que se pretendía conseguir un ahorro de 443 millones al año. Sin embargo, el conseller de Sanidad, Manuel Llombart descartó que se vaya a retomar esta iniciativa. El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, aseguró que queda mucho margen para continuar optimizando el gasto y aunque no pudo avanzar una cantidad estimada de ahorro, afirmó que el Consell tiene mucho margen de maniobra en sanidad, en el sector público empresarial y en el plan de redistribución de puestos de trabajo en la Administración autonómica.
La primera medida en esta línea fue aprobada ayer por el pleno del Consell y tiene como eje central el gasto farmacéutico. Así, el decreto de Farmacia prevé, entre otras medidas, un cambio en el algoritmo de decisión terapéutica para que, en el caso de patologías como la diabetes, la hipercolesterolemia, el asma o la osteoporosis, el programa informático que utiliza el médico reduzca a solo uno el medicamento recomendado. Será el que los expertos hayan declarado como el más eficaz a menor coste. No obstante, el facultativo podrá prescribir otro fármaco si justifica el cambio. «Se mantiene la libertad de decisión».
Asimismo, se aprobó la revisión de la atención a los pacientes polimedicados (aquellos que utilizan cinco o más medicinas al día), pues de cada 100.000 de ellos, se ha comprobado que existen 40.000 cuyo tratamiento se puede ajustar. En los últimos dos años y medio ese mayor control ha permitido ahorrar 19 millones de euros. Sanidad espera que este año 160.000 pacientes de este tipo se sometan al ajuste.
También en el ámbito farmacéutico, la Generalitat incentivará a las boticas más modestas. Así, ha previsto una ayuda de un millón de euros para las 216 oficinas de la Comunitat que facturan menos de 200.000 euros al año. El objetivo es que estas, en su mayoría en zonas rurales, no desaparezcan.
De igual modo, el Gobierno valenciano tiene previsto extender el modelo de compra centralizada, que beneficiará especialmente al suministro para la asistencia del enfermo crónico.
Financiación por población
A pesar de que la Generalitat ha sobrepasado con creces el techo de déficit exigido por el Gobierno central, cerró 2012 con un 3,45 por ciento cuando el máximo era el 1,5, Císcar insistió en que no se pondrán en marcha nuevos recortes en materia social ni en sanidad. El vicepresidente argumentó que en 2012 ya se tomaron acuerdos «muy duros» que han afectado principalmente a los funcionarios y a los 3.000 trabajadores de empresas públicas incluidos en los ERE. Además, afirmó que sería injusto para los ciudadanos valencianos porque la culpa del déficit la tiene la insuficiente financiación que recibe del Estado. Como ya hizo el jueves el titular de Hacienda, Juan Carlos Moragues, comparó el dinero que recibe un catalán, un extremeño o un cántabro con el que recibe un valenciano. Si a la Comunitat llegase por habitante la cantidad que lo hace a estas Autonomías el déficit de 2013 habría sido, respectivamente, de 1,5, del 0,5 o habría tenido superávit.
Dijo que el PP siempre ha tenido muy claro que el modelo de financiación autonómica es injusto y que así lo ha reivindicado siempre, «independientemente de quién gobierne». Justificó el voto en contra de los populares valencianos en el Congreso a la propuesta presentada por IU diciendo que el texto contempla que el Gobierno dé el dinero necesario para mantener los servicios públicos. «Nosotros queremos una financiación por población».
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