El Consell negocia con los bancos que presten sus viviendas vacías

El principal objetivo de la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración, María José Salvador, es establecer acuerdos con las principales entidades bancarias que tengan sede en la Comunitat Valenciana para que presten sus viviendas vacías a personas que lo necesiten y evitar así el problema de los desahucios. Además, durante su reunión con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) anunció que, de «forma subsidiaria», se sancionará a aquellos organismos que se nieguen a colaborar.

Según confirmó la propia consellera, estas reuniones ya se iniciaron con Bankia y Sareb y se reanudarán el próximo mes de septiembre. Asimismo, manifestó su intención de aplicar medidas de choque contra este «drama social» que afecta a miles de valencianos. Y es que la Comunitat Valenciana es la segunda autonomía en número de desahucios, con 82.300 desde 2008 hasta 2015.

Para la consellera esto «no es un problema entre bancos y particulares, sino de dimensión pública, por lo que requiere la mediación de la administración para aplicar medidas de carácter conjunto y combatir en primera línea los desahucios».

La actuación del Consell en este caso, se dirigirá a elaborar un registro de viviendas vacías en posesión de los bancos y sus inmobiliarias, así como un plan de reforma del parque público. Desde esta perspectiva, Salvador confesó que actualmente cuentan con 689 viviendas públicas que no son adecuadas para su habitabilidad por lo que esta reforma resulta «esencial y necesaria» para garantizar el derecho a los ciudadanos de tener una vivienda.

A pesar de los «escasos recursos económicos», desde el Consell pretenden abordar estas cuestiones así como la creación de una nueva Ley para la Función Social de la Vivienda ya que, atendiendo a su criterio, la anterior requiere de «un nuevo marco jurídico y una nueva hoja de ruta» que garantice los derechos básicos de los valencianos.

Por su parte, el portavoz de la PAH, José Luis González, afirmó que continuará con su labor de inspección a las administraciones públicas ya que su función es vigilar que se cumplan los objetivos que garanticen tener una vivienda como derecho humano.

Desde la Plataforma han valorado «la declaración de intenciones» de la consellera y se comprometieron a trabajar a su lado si lo hacía en esa dirección. Así pues, María José Salvador y la PAH también anunciaron su pretensión de crear una mesa de trabajo para la prevención de los desahucios en la que colaborarán otros actores como el Colegio de Abogados, entidades bancarias, sindicatos, así como la Confederación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores de la Comunitat Valenciana (Cavecova). Otro actor importante será la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Por otra parte, la portavoz popular de Vivienda en les Corts, Elisa Díez, pidió al nuevo Consell «responsabilidad y cautela» sobre una cuestión tan delicada. Además, recordó que el PPCV también impulsó la creación de un Consejo para detectar la posible situación de desahucios a familias y personas en riesgo de exclusión social.