El Consell podría prorrogar las cuentas de 2019 por la falta de presupuestos generales

El conseller de Hacienda y la vicepresidente del Consell presentaron ayer una Ley de Acompañamiento que se convertirá en ley ordinaria si finalmente no hay nuevos presupuestos

El Gobierno valenciano está «dando muchas vueltas» y evaluando «tranquilamente» los pros y contras de una prórroga de los presupuestos. Son las palabras del conseller de Hacienda, Vicent Soler, tras presentar ayer la Ley de Acompañamiento para las cuentas de 2020, unas cuentas que, tal y explicó, se podrían prorrogar ante la falta de información sobre los fondos estatales que se ingresarán.

Así, Soler recordó que desconocen la cuantía que se recibirá por la liquidación de los impuestos de 2018, así como los anticipos a cuenta que se percibirán, lo que supone un riesgo a la hora de presupuestar los ingresos porque «te puedes equivocar mucho».

En todo caso, aunque el conseller asegure que se está estudiando «con tranquilidad», la decisión ha de ser inminente puesto que el día 31 de octubre finaliza el plazo legal para la presentación de los Presupuestos Generales de la Generalitat en Les Corts.

Mientras tanto, el Consell aprobó ayer una Ley de Medidas Fiscales -más conocida como Ley de Acompañamiento- que se convertirá en Ley orgánica en el caso de que finalmente las cuentas se prorroguen.

Cabe recordar que la Ley de Medidas Fiscales «acompaña» a los Presupuestos -de ahí su denominación- con las modificaciones legislativas necesarias para dicho ejercicio.

En el caso de la norma para 2020, recoge medidas como la creación de un Observatorio Fiscal, la obligatoriedad de un auditor interno en las fundaciones públicas y la ampliación del Plan de Inversiones Productivas (PIP) y para solicitar la protección de la huerta.

Soler explicó que con el Observatorio Fiscal que recoge la Ley de Acompañamiento se pretende dar entrada a la sociedad en la gestión de la Agencia Tributaria Valenciana, integrando a todos los agentes sociales y administrativos del sistema tributario.

Otra de las medidas del proyecto es la obligatoriedad de que las fundaciones del sector público empresarial cuenten con un auditor interno para aumentar el control y la transparencia y dar un tratamiento más homogéneo a este sector.

Además, se amplía el Plan de Inversiones Productivas (PIP) hasta el 31 de diciembre de 2021 para garantizar los proyectos de los ayuntamientos y que no se pierdan las inversiones.