El ex director de RTVV asegura que el ERE fue «un encargo político»

El juicio por la denuncia que los sindicatos del Comité de Empresa de RTVV presentaron contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el ente público, llegó ayer al Tribunal Superior de Justicia.

Sin duda alguna, una de las declaraciones más llamativas fue la del ex director de RTVV, José Luis López Jaraba, quien aseguró que el procedimiento del ERE se inició «por decisión del Gobierno», por «un encargo político». Según él, la situación financiera de la Generalitat, único accionista de RTVV, era «imposible» y confesó que había veces que difícilmente podían pagar las nóminas y que no pagaban a proveedores «durante meses».

Ante esta situación, dijo, la Generalitat «tomó la determinación de llevar a cabo un plan de reestructuración muy agresivo». Antes que Jaraba, declaró la actual directora del ente, Rosa Vidal, quien afirmó que se limitó a aplicar un ERE «ya aprobado antes» de su llegada a la empresa y unas listas de afectados por despidos «ya cerradas», aunque recordó que solucionó «algunas divergencias» del listado «con objetividad y asesoramiento jurídico».

En concreto, explicó que se dieron cuenta de que la parte técnica quedaba desproporcionada e iba a afectar a las emisiones, por lo que decidieron desafectar a 186 técnicos. Hubo otro criterio, el de «circunstancias sociales», como que los dos miembros de una pareja estuvieron afectados, que también se repescaron.

Por la mañana, los sindicatos personados en el juicio coincidieron e hicieron hincapié en que no había motivo para el ERE pues no existía la deuda. El razonamiento de los letrados de CCOO, UGT, CGT e Intersindical consistía en que la ley marca que cualquier desviación en el presupuesto del ente que produjera pérdidas, sería enjugado por la Generalitat valenciana. Y que desde el año 2000 esto no se estaba realizando, sino que lo que hacía el Gobierno autonómico era autorizar la suscripción de préstamos bancarios por parte de RTVV. Habida cuenta que el enorme montante de la deuda del ente (1.126 millones de euros) debería haber sido sofocada por la Generalitat, entienden los sindicatos que aducir motivos económicos es fraudulento.

Por contra, considera la defensa que la legislación laboral y la contable no diferencia entre las pérdidas del sector privado o público y hace hincapié en que «la situación económica es de tal magnitud que no puede ser discutida» y criticó los argumentos de la representación de los sindicatos.