El fiscal pide once años para Martínez y exculpa a Rambla

La Fiscalía solicita, dentro de la investigación que se sigue en la pieza sobre contrataciones de la Generalitat con Orange Market S.L. en relación con Fitur, incluida en el «caso Gürtel», una pena de once años de prisión y 34 de inhabilitación para la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez; otros nueve años de inhabilitación para la exconsellera Angélica Such, y el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra el exvicepresidente del Consell, Vicente Rambla.

Así consta en el escrito de calificación del Ministerio Público, en el que se pide la apertura de juicio oral contra trece personas: Martínez; Such; el exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Rafael Betoret -que se enfrenta a una petición de once años de cárcel y 28 de inhabilitación-; Isaac Vidal (exjefe del área de Mercados y Comunicación de la AVT) -para quien piden 11 años de prisión y 26 de inhabilitación-; Jorge Guarro (jefe del servicio de Promoción de la agencia) -siete años de prisión y 23 de inhabilitación-.

Asimismo, se incluye en el escrito fiscal a Ana Grau (coordinadora de ferias en la AVT) -que se enfrenta a siete años de prisión y 19 de inhabilitación-; a Juan Bover (jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat) -a siete años de inhabilitación-; a los presuntos cabecillas de la trama Álvaro Pérez -10 años de prisión y 23 de inhabilitación-, Pablo Crespo -11 años y medio de cárcel y 23 de inhabilitación-, Francisco Correa -10 años de prisión y 23 de inhabilitación-, Cándido Herrero -seis años y medio de cárcel y 10 de inhabilitación-; a Isabel Jordán (exadministradora de varias empresas de la supuesta trama) -seis años y tres meses de prisión, y 10 de inhabilitación-; y a Mónica Magariños (exempleada de las mismas entidades) -para quien piden cuatro años y nueve meses de cárcel, y diez años de inhabilitación.

A los cargos públicos les imputa -en diferentes grados- un delito continuado de prevaricación administrativa, otro continuado de malversación de caudales públicos, un delito de cohecho, un delito de falsedad de documento oficial. Asimismo, a los supuestos cabecillas de la trama les acusa de un delito continuado de tráfico de influencias, delito continuado de malversación de caudales públicos, cooperadores del delito de falsificación de documento oficial y cohecho.

Asimismo, el Ministerio Público solicita el sobreseimiento de la investigación para Rambla, al estimar que no ha quedado debidamente acreditada su participación en los hechos y entiende que los regalos que se le atribuían no han podido concretarse «suficientemente».

El fiscal explica en su escrito cómo la Administración decidió modificar a partir del año 2005 los pliegos de condiciones para optar a los concursos de las ferias para otorgárselos a empresas de Correa.