El IVF decidirá a partir de marzo si asume los avales fallidos de la SGR

Desde que llegó a la dirección del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) está siendo uno de los principales quebraderos de cabeza de Manuel Illueca. Tras decidir que la entidad debe vender los activos que posee por ejecuciones de préstamos (que cuentan con un valor de 165 millones de euros), el director del brazo financiero de la Generalitat deberá decidir si asume el 40 por ciento de todos los créditos fallidos de la SGR.

La Administración valenciana está obligada a hacerlo puesto que el anterior Consell firmó un convenio por el que se asumía el reafianzamiento del 40 por ciento de los préstamos morosos. Pero el nuevo IVF se hará cargo únicamente de aquellos que se concedieron con criterios de rentabilidad económica y que contaban con una cobertura presupuestaria en las Cuentas de la Generalitat.

Esta decisión se tomará a partir de la próxima primavera, cuando se espera que ya se haya producido la venta de todos los activos y, por lo tanto, se pueda contar con una visión más real del estado de la entidad avalista. Tiene de plazo hasta agosto. A partir de ahí, la SGR podrá tomar medidas legales contra la Generalitat por no cumplir con su parte del convenio de reafianzamiento.

El proceso de enajenación de bienes está a pleno rendimiento. Se ha contratado ya a una empresa consultora que realizará una «due diligence» de una parte de los activos, y en breve se cerrará un acuerdo con otra compañía que hará lo propio con otro paquete de bienes.

Además, la Generalitat deberá nombrar en breve a un nuevo presidente de la SGR, que elegirá el Consell, y a dos vocales. Todo ello podría ser esta misma semana.

La Intervención General de la Generalitat valenciana inició en 2014 un proceso de supervisión de todos los avales y subvenciones concedidos desde la Administración. Como resultado de este análisis se estableció que el dinero aportado a la SGR no eran subvenciones, sino avales, así como las cantidades pagadas de manera anual a Feria Valencia.

Según las últimas cifras conocidas, la Generalitat tendría una deuda con la entidad avalista de empresas de 400 millones de euros. De ellos, 140 serían para cubrir créditos morosos, 60 para tapar un «agujero» patrimonial surgido en la entidad cuando en el momento de la «burbuja» inmobiliaria se empezaron a ejecutar avales concedidos, y otros 200 se utilizarán para el mismo fin, aunque fueron descubiertos años después en una auditoría realizada por KPMG.

Salvar a esta sociedad es importante para la Generalitat fundamentalmente porque el Banco de España la consideró una entidad «sistémica», es decir, relevante para las empresas de la región. De hecho, el organismo regulador considera en su informe que el concurso o quiebra de la sociedad avalista afectaría a 2.834 empresas que se encuentran en situación «regular», es decir, que pagan sus créditos, y a 908 que se encuentran en mora.

El Banco de España añade que un total de 8.763 empresas socias partícipes perderían su aportación al capital de la entidad.