El IVO lamenta que Montón interfiera y frene el tratamiento de enfermos

El Instituto de Oncología denuncia los problemas que está generando en los pacientes de cáncer la interpretación que hace Sanidad del acuerdo que firmaron

La Dirección de la Fundación del Instituto Valenciano de Oncología (IVO) no pierde la esperanza de llegar a una «entente cordiale» con la Conselleria de Sanidad y poner fin a una situación que solo perjudica a los pacientes. Pero según evidencian los últimos cruces de críticas entre esta institución y la consellera del ramo, Carmen Montón, no se vislumbra una paz a corto plazo.

Ayer, el IVO recordaba que este es un centro concertado «al servicio de los usuarios de la red pública sanitaria valenciana y, por tanto, una alternativa más para el tratamiento del paciente oncológico de la Comunitat Valenciana dentro de la red sanitaria pública». Sus portavoces aclaraban que «cualquier paciente con sospecha oncológica tiene derecho a solicitar ser tratado en la Fundación y que dicho tratamiento no tiene coste alguno para el paciente, al tratarse de un centro concertado».

La última crítica hacia el modo de actuar de la Conselleria tiene su origen en el intento de Montón de «influenciar en la toma de decisión de un paciente en su elección de ser tratado en el IVO», según publicó el lunes el periódico El Mundo. Al parecer, la consellera llamó por teléfono a una enferma de cáncer (que denunciaba demora de meses en sus pruebas diagnósticas) para tratar de convencerla de que eligiera un hospital público para su tratamiento.

Las estrategia de Montón, según cuentan desde el IVO, es reducir al mínimo el número de pacientes que se derivan a este centro, pese a que hace un par de meses (y tras casi un año de negociaciones) se firmó con esta Fundación un acuerdo sobre acción concertada para la prestación asistencial integral oncológica. No obstante, desde entonces, han sido varias las denuncias acerca de las trabas administrativas impuestas por el Departamento de Montón para acceder al que se considera centro de referencia en la Comunitat Valenciana contra la lucha del cáncer.

Al respecto, el IVO lamenta los problemas que está generando en los pacientes la interpretación que hace la Conselleria de Sanidad del contenido y procedimiento previsto en la instrucción del 6 de octubre. «Manifestamos nuestra máxima preocupación por esta situación, que está generando demoras e incertidumbre en los pacientes. La agilidad y la calidad en los procesos de admisión, diagnóstico y asistencia, son claves en el tratamiento de la enfermedad oncológica y todos los actores implicados tenemos la responsabilidad de garantizarlo».

Insistían desde la Fundación que creen «firmemente en una colaboración leal, profesional y estratégica dirigida a disminuir el impacto del cáncer. Una colaboración que se debe desarrollar de manera coordinada, transparente y eficaz. Así es como se ha venido produciendo durante años y lo que ha distinguido a Valencia como un modelo de colaboración eficaz y referente tanto a nivel nacional como internacional para la asistencia integral al paciente oncológico».

Por todo ello, el IVO anunció la semana pasada que admitirá cualquier solicitud de tratamiento oncológico presentada en la Fundación mientras se encuentre vigente la Instrucción del 6 de octubre de 2017 aprobada por la Conselleria y que, además, gestionará anteriores solicitudes remitiéndolas a Sanidad mediante su presentación en los Registros de Entrada legalmente previstos y entenderá estimadas las solicitudes que no hayan sido desestimadas de forma expresa, con las que iniciará la prestación del servicio de asistencia sanitaria integral.

No obstante, Montón insistía en que «atender a cualquier ciudadano que acuda a la Fundación no está en el convenio», ya que el contrato vigente estipula que estos serán derivados a través de la sanidad pública.

Otro revés para Montón, el Tribunal dice que la Ley de Sanidad no es constitucional

El Tribunal Constitucional ha anulado, por invadir las competencias del Ejecutivo central, el decreto de la Generalitat valenciana que regulaba el acceso universal a la sanidad, una norma que permitía la atención a todos los inmigrantes en situación irregular. Considera que la norma valenciana se extralimita en las competencias que se atribuye e invade las del Estado central. No obstante, la consellera de Sanidad explicó ayer que la decisión del TC afecta al Decreto Ley de atención universal «pero no a las instrucciones» para garantizar ese acceso, de distinto rango normativo, por lo que éstas siguen vigentes y todas las personas recibirán atención sanitaria.