El juez no ha notificado a la Policía Nacional ningún desalojo en El Cabanyal

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, desmontó ayer las acusaciones del alcalde de Valencia, Joan Ribó, acerca del trabajo de la Policía Nacional en el barrio de El Cabanyal. El edil cree que este Cuerpo no está haciendo todo lo posible por erradicar los problemas de seguridad de la zona, en concreto, de no actuar contra el movimiento «okupa». Sin embargo, según los datos facilitados por el Gobierno central, el juez no ha notificado a este Cuerpo ningún desalojo.

Cabe recordar que las Fuerzas Policiales solo pueden actuar en estos casos si existe una orden del juez, y este solo puede emitirla si el propietario de la vivienda ha denunciado la ocupación ilegal. Actualmente en El Cabanyal se han contabilizado, según datos del propio Ayuntamiento, medio centenar de casas de titularidad municipal «okupadas» y decenas más de particulares. Sin embargo, y pese a las exigencias y denuncias de los vecinos, no se ha producido ningún desalojo.

abandono del barrio

El pasado mes de noviembre, los vecinos de El Cabanyal celebraban el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat y la Delegación el Gobierno para aumentar la presencia policial en la zona. El objetivo era acabar con los problemas de convivencia derivados del tráfico de drogas, el fenómeno «okupa», la suciedad y el ruido.

Siete meses después, los residentes en los barrios marítimos denuncian que la situación de inseguridad se mantiene. Tal es su malestar que la semana pasada aprovecharon la visita del presidente Ximo Puig y el alcalde Joan Ribó a unas obras para echarles en cara su «dejadez» e «inacción». El miércoles, un grupo de afectados por el desamparo administrativo y policial se manifestaban frente a la sede valenciana del Gobierno para seguir reclamando medidas que conviertan a El Cabanyal en un «barrio normal».

Ribó no dejó pasar esta oportunidad política para instar a Moragues a que ejerza «su responsabilidad» en la zona. «El Ayuntamiento se ha arremangado y se ha implicado en la regeneración del barrio. La Generalitat también está poniendo de su parte. La Delegación del Gobierno también debería ejercer su responsabilidad en asuntos como el mantenimiento de la seguridad, la erradicación de la venta de droga, y negocios ilegales que causan molestias, o el control de los excesos que los vecinos denuncian». Defendió, por contra, que la Policía Local sí «está en ello».

Las palabras del primer edil no sentaron bien al delegado del Gobierno, que echó mano de los datos que demuestran que en los primeros cinco meses del año se han realizado 345 identificaciones, se han levantado dieciocho actas de drogas, seis actas de arma y se han controlado 177 vehículos.

Asimismo, aclaró que, «como dicen los propios vecinos, el problema no es de seguridad sino de convivencia. Los ruidos nocturnos son contemplados por las ordenanzas y si hay ruidos es el Ayuntamiento y la Policía Local quien debe actuar». Respecto a la suciedad, la competencia «también es del Ayuntamiento y la ocupación de edificios de titularidad municipal es el Ayuntamiento el que debe pedir que se desaloje y no lo está haciendo».