El pacto PP-C’s obliga a los concejales de Valencia a irse al grupo de «No Adscritos»

El acuerdo firmado por el Partido Popular y Ciudadanos «150 Compromisos para mejorar España» afecta de lleno a los concejales populares actualmente imputados del Ayuntamiento de Valencia, ya que deberán dimitir o irse al grupo de los «No Adscritos» en el momento que Mariano Rajoy sea investido presidente del Gobierno, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes de la Dirección nacional del PP.

En este sentido, añadieron que, al no pertenecer al PP y estar en el grupo como independientes, la solución es la de pasar definitivamente al grupo de los «No Adscritos». A pesar de ello, precisaron que será un asunto a estudiar, ya que podría no entrar en el capítulo de la corrupción «al no haber enriquecimiento personal».

Esta es la versión que prevalece, pues la decisión final depende de Madrid, aunque no coincide exactamente con la interpretación dada inicialmente por fuentes de la regional de los populares valencianos, las cuales entienden que los ediles señalados deberán dimitir o ser expulsados.

Ambas fuentes se refieren a lo estipulado en el Bloque III «Transparencia, regeneración democrática y lucha contra la corrupción» apartado A, «Más credibilidad y más confianza», en cuyo punto 93 se lee textualmente que ambas agrupaciones «se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial. Asimismo, se comprometen a que las personas que se encuentren en dicha situación, no puedan ser incorporadas en las candidaturas electorales ni ser nombrados para desempeñar cargos públicos».

Además, añade el texto, «los partidos firmantes se comprometen, a través de un Pacto de Estado por la Regeneración y la Calidad de la Democracia, a hacer extensivo estos compromisos y a concretar sus efectos al resto de las fuerzas políticas».

Si hay coincidencia en que el cumplimiento de la resolución, se deberá producir cuando la investidura del candidato del PP y actualmente presidente del Gobierno en funciones sea una realidad.

Con ello, se planteará la solución definitiva a una situación que ha enfrentado a la presidenta regional del PPCV, Isabel Bonig, con los 50 imputados, concejales y asesores, de su grupo municipal en la capital de la Comunitat.

Ese escenario provocó, además, el nombramiento de Luis Santamaría como presidente de la Gestora de la formación en la ciudad de Valencia, cuando su entonces presidente, Alfonso Novo, fue imputado por haber cometido, supuestamente, un delito de blanqueo de capitales.

El pasado mes de febrero, el juez Víctor Gómez, que investiga la trama Taula vinculada al PP valenciano, imputó a nueve de los diez concejales populares del Ayuntamiento de Valencia, entre ellos Novo. El único que se libró de pasar por los Juzgados fue Eusebio Monzó, el único edil que no formaba parte del grupo popular en la anterior legislatura y que posteriormente asumiría las funciones de portavoz en sustitución de Novo.

Ya en marzo, y a petición propia de los implicados, el PP suspendió cautelarmente de militancia a los concejales y asesores investigados por supuesto blanqueo.