El PP acusa a Ribó de degradar el Cabanyal hasta «límites insostenibles»

El concejal Alfonso Novo asegura que el eslogan «ciudad libre de desahucios» es historia

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia ha acusado al alcalde de la ciudad, Joan Ribó, de permitir que la degradación del barrio del Cabanyal-Canyameral haya llegado «hasta límites insostenibles», lo que ha motivado la protesta de los vecinos de la zona quienes han denunciado la permisividad que se ha dado en las ocupaciones ilegales de las viviendas.

Ahora, cuando la paciencia de los habitantes del barrio se ha colmado, ha llegado «el fin del populismo de la primera autoridad municipal», según el concejal del grupo popular, Alfonso Novo, quien asegura que la frase pronunciada por Ribó en septiembre de 2015 cuando manifestó que iba a hacer de Valencia «una ciudad libre de desahucios», ya ha pasado a la historia.

Novo aporta como prueba la orden del alcalde, a través de la Junta de Gobierno Local, de que la Asesoría Jurídica Municipal ejerza «las acciones judiciales necesarias para la salvaguarda de los intereses públicos en defensa de las propiedades municipales ilegalmente ocupadas en la zona, autorización que se extiende al seguimiento de dichas acciones por todos sus trámites, instancias, incidencias y recursos».

De esta forma se ha puesto punto y final a la política antidesahucios que publicitó el tripartito hace dos años, calificada por el PP como de «irresponsable» por poner en riesgo la seguridad jurídica, tanto de las propiedades municipales, como la de los propietarios, a los que la corporación municipal les ha dado la espalda cuando sus propiedades han sido ocupadas ilegalmente.

El concejal popular hizo hincapié en que ahora la Policía Local colaborará en los desahucios para los que sean requeridos y añadió que Ribó «se va a tener que retractar de cuando hizo aquel anuncio ilegal» sobre que los agentes municipales no participarían en ningún desahucio.

Así mismo, Novo aseguró que con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local se reconoce expresamente que el Ayuntamiento no estaba cumpliendo la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana y lamentó que el alcalde «mienta a los valencianos de forma grosera antes y ahora, porque la Corporación no necesita ningún acuerdo para actuar contra las ocupaciones ilegales. Si hubiera ejecutado la ley, no se habría perdido dos años ni llegado a esta situación insostenible».