El PP aprueba un decreto de dudosa constitucionalidad

El grupo parlamentario popular aprobó ayer el Decreto-Ley de actuaciones urgentes de gestión y eficiencia en la prestación farmacéutica y ortoprotésica, con los votos en contra de toda la oposición, sin el consenso del sector, y con un informe sobre la mesa que apunta a la posible inconstitucionalidad del mismo, y que ha sido redactado por el ex diputado popular y abogado de reputado prestigio José Marí.

El decreto, que el conseller Manuel Llombart calificó de «necesario», prevé medidas como los incentivos a los profesionales o la revisión de los tratamientos, comenzará a aplicarse el 1 de abril en las enfermedades de alta prevalencia como la diabetes, la dislipemia o hipercolesterolemia, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, osteoporosis y antiácidos.

Prevé además, que la adhesión de las farmacias a la dispensación de medicamentos financiados por la Administración sea voluntaria, lo que puede provocar que en amplias zonas del territorio valenciano no haya ni una sola farmacia que dispense medicamentos gratuitos o subvencionados mediante receta.

Según el informe de Marí, el sistema de concertación es inconstitucional por contravenir la normativa estatal en la materia.

Por otra parte, Les Corts rechazaron ayer las comisiones de investigación solicitadas por la oposición no sin suscitarse un encendido debate cuando la socialista Carmen Martínez tildó a los populares de corruptos, por lo que Ricardo Costa pidió la palabra «como imputado del PP» y el presidente en funciones, Alejandro Font de Mora, se lo negó lo que enojó enormemente a Costa.