El PP, contra el veto de practicar deporte en las playas naturales

Los populares piden en Les Corts suspender la aplicación del plan que restringe estas actividades

La playa de El Saler, el 80 por ciento de las de Oliva, en Santa Pola o en el cabo de San Juan de Alicante. Son algunos ejemplos de las playas en las que el Pativel, el plan territorial del litoral valenciano, prohíbe la realización de cualquier deporte náutico porque se han catalogado como playas naturales.

Las asociaciones de este sector se han mostrado en contra de esta regulación y han encontrado en el PP el único partido que ha querido llevar su reivindicación a Les Corts. Desde Ciudadanos seguían estudiando a última hora de ayer el sentido de su voto, aunque había bastantes posibilidades de que se sumasen a la propuesta de los populares.

Éstos pedirán hoy la suspensión inmediata de su aplicación y su modificación para permitir estas actividades. La portavoz de Medio Ambiente, Elisa Díaz, defiende que esta decisión se ha ejecutado sin tener un estudio que la justifique. «Son deportes que se han estado practicando siempre y que se coarta el derecho de practicar deporte en el mar. Lo que ha venido haciéndose durante toda la vida en las playas naturales ahora está prohibido, llegando incluso a tener que cerrar escuelas deportivas. Pero no son solo la práctica deportiva lo que prohíbe sino también el acceso a la playa, restaurantes, chiringuitos o incluso hamacas».

La representante del PP mantuvo a final de la pasada semana una reunión con las asociaciones afectadas con el objetivo de recoger sus reivindicaciones y trasladarlas en el pleno de hoy. Al encuentro asistieron el Club kite Zone Valencia, Club Surf Valencia, Asociación de vecinos Devesa-Albufera, Club Kite Casbah, Asociación de deportes de deslizamiento de Valencia, Federación de Vela de la Comunitat Valenciana, Club de Vela Margalló El Saler y Escuela náutica Oliva Sur.

Díaz afirmó que su partido tiene presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Pativel. Considera que es un plan que ha privado a los propietarios de suelo en estos terrenos de sus derechos adquiridos y, además, que carece de informe de viabilidad económica real, ya que desde la Generalitat dicen que el hecho de que se prohíba la urbanización en terrenos clasificados como urbanizables no conllevará ningún tipo de indemnización a los afectados. «Eso es falso» y recordó que este plan tiene presentados 50 recursos por parte de asociaciones de afectados que critican que se están vulnerando sus derechos.