El PP denuncia a Echávarri por fraccionar contratos

El alcalde socialista de Alicante niega que haya cometido cualquier tipo de prevaricación y recuerda que los servicios jurídicos señalaron que todo era correcto

El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, en una imagen de archivo al poco tiempo de ganar las elecciones
El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, en una imagen de archivo al poco tiempo de ganar las elecciones

El alcalde socialista de Alicante niega que haya cometido cualquier tipo de prevaricación y recuerda que los servicios jurídicos señalaron que todo era correcto

El grupo popular en el Ayuntamiento de Alicante presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía en la que considera que sí existe fraccionamiento de contratos en las 25 facturas del área de Comercio y donde acusa al alcalde, Gabriel Echávarri, de un presunto delito de prevaricación administrativa.

Así lo anunció ayer el portavoz popular, Luis Barcala, quien concretó que, de momento, su grupo no va a pedir la dimisión del alcalde socialista, que dirige también la Concejalía de Comercio, sino que va a dejar trabajar a la Fiscalía, pues el PP no es «juez y parte».

Si finalmente su denuncia fuera admitida a trámite, se personarían en la causa y sí solicitarían responsabilidades políticas, detalló. Para Barcala, la anulación de los contratos aprobada por la junta de gobierno local y el posterior reconocimiento extrajudicial de créditos para pagar los servicios de esos contratos menores «no frenan la responsabilidad política ni la penal, si existiera».

Negó que los hechos sean «un error administrativo», como han señalado desde el equipo de gobierno tripartito (PSOE, Guanyar Alacant y Compromís) en alguna ocasión, sino que es «una irregularidad como una catedral».

Según Barcala, los indicios de que ha habido fraccionamiento de contratos son muy claros, por lo que su partido no se está «lanzando a la piscina», sino que está «actuando con responsabilidad», pues «solo es posible completar la investigación por vía judicial».

Explicó que la decisión del tripartito de elevar los contratos al Consell Jurídic Consultiu (CJC) «no es un acto de buena fe ni de transparencia», ya que es obligatorio por ley una vez el servicio de Intervención ha mostrado dudas sobre el procedimiento.

Para el portavoz popular, la alerta levantada por el jefe de servicio «es gravísima» y la búsqueda de una solución por parte de Alcaldía no se ha hecho para subsanar «un error administrativo, sino para eludir posibles responsabilidades penales».

Por su parte, Echávarri negó que haya incurrido en un presunto delito de prevaricación administrativa y que haya habido fraccionamiento de facturas. En declaraciones a los periodistas, el regidor socialista manifestó que, «cuando a un mentiroso le das un micrófono, se crece» y, en su opinión, Barcala «se ha crecido».

El alcalde explicó que el interventor municipal presentó «dudas y no reparos» ante las citadas facturas, ya que si hubiera presentado reparos, según el alcalde, «hubiera paralizado el pago».

Sin embargo, ante su duda, pidió un informe a los servicios jurídicos, quienes respondieron que «todo es correcto».

A pesar de ello, el alcalde señaló que decidió iniciar de oficio un procedimiento de nulidad de los contratos menores (las 25 facturas) y abrir un expediente de modificación de créditos que garantizase el pago a los proveedores y consiguiera «un procedimiento sin dudas». Sobre la denuncia del PP contra él por presunta prevaricación, Echávarri indicó que este delito «precisa de una voluntariedad» y que «no caben ni la imprudencia ni siquiera el dolo eventual».