El PP exige la anulación del decreto que cede a Cataluña el control del cava

Los viticultores valencianos creen que el futuro del sector queda «en entredicho» puesto que será la DO Cava catalana la que decidirá si la Comunitat puede producir más o no

A pesar de encontrarse en funciones -un argumento que al actual Gobierno le ha valido para eludir ciertas decisiones, como el envío de las entregas a cuenta a las Comunidades autónomas- al Ejecutivo no le tembló el pulso el pasado viernes al aprobar durante el Consejo de Ministros que sea la DO Cava de Cataluña la que decida sobre la ampliación o no de la producción del valioso caldo.

Aunque hasta ahora era el Ministerio de Agricultura quien adoptaba esta decisión cada año, tras varios años de polémica y encontronazos con el sector, el Gobierno de Pedro Sánchez ha acabado cediendo y serán las empresas catalanas las que limitarán la elaboración de cava en la Comunitat.

La noticia no ha pasado inadvertida. El portavoz adjunto del Grupo Popular en las Corts, Miguel Barrachina, anunció esta mañana la presentación de una propuesta en les Corts para que sea el gobierno de España quien vuelva a determinar las superficies de plantación de uva para cava y no un Consejo Regulador de la DO Cava controlado por bodegas catalanas «que solo defiende los intereses del cava catalán limitando la competencia del resto».

«Queremos que en Valencia o en Extremadura se pueda plantar más uva para nuestro cava y no sea un consejo regulador de mayoría catalana quien tome las decisiones que van a afectar y condicionar a los agricultores valencianos, extremeños o del resto de España», señaló Barrachina.

Para Barrachina, ha sido un ministro de agricultura valenciano, el socialista Luis Planas, «quien asesta un nuevo golpe al sector agrícola valenciano al impedir su crecimiento. El PSOE ha vuelto a vender al sector y Puig no ha movido un dedo para defenderlo».

Barrachina lamentó además que «han entregado el cava de Utiel-Requena a los productores catalanes que piden crecimiento cero y no quieren más plantaciones para evitar competencia».

Por ello, aseguró que desde el PP emprenderán «todas aquellas acciones a nuestro alcance para que se derogue esta medida que perjudica al resto de comunidades autónomas productoras de cava que no son Cataluña».

Por su parte, la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, guardó silencio al ser preguntada ayer por este periódico acerca de este asunto.

«Maniobra política»

Desde el sector consideran que la operación es más una «maniobra política y mediática» que otra cosa. El responsable de la sectorial del vino de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), José Luis Robredo, aseguró que la decisión del Gobierno «deja en entredicho el futuro del sector de Requena ya que será la DO del Cava, con sus decisiones vinculantes, la que decida si podemos plantar o no nuevas cepas de viñedo en nuestro territorio».

El conflicto viene de lejos. En el año 2017 el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya limitó la expansión de hectáreas de vid para elaboración de cava, una decisión que también adoptó en diciembre del año pasado Pedro Sánchez, algo que a ambos les costó enfrentamientos con el sector. Hartos de polémicas, finalmente el Ministerio cede esta competencia.

Ningún valenciano en el Consejo Regulador

El Consejo Regulador de la DO Cava celebró el año pasado su proceso electoral, al que estaban llamados también los viticultores de cava valencianos. Alguno de ellos apuntaba que la participación de los mismo fue tan baja que no la región no consiguió ningún vocal. «Quizás si hubieran ido a votar ahora las cosas serían distintas».