El PP pide la dimisión de Carmen Montón por la sentencia del TSJ que anula el decreto del copago farmacéutico

El coordinador de Política Social del grupo popular en Les Corts, José Juan Zaplana, señaló ayer que la consellera de Sanidad, Carmen Montón, debería dimitir «por dignidad» tras la sentencia que declara la nulidad de los decretos del Consell sobre el copago.

Zaplana afirmó que la consellera «ha generado expectativas a las personas más desfavorecidas de la sociedad solo para obtener rédito electoral», y añadió que han sido los tribunales «y no el PP» el que ha resuelto la nulidad de los decretos del Consell de ayudas a personas con diversidad funcional y pensionistas.

Según el diputado popular, la consellera «no se mueve por criterios de gestión directa sino por motivos electorales que es por lo que sacó esta norma en vísperas de las generales de diciembre de 2015».

Se preguntó «qué va a suceder ahora» porque, aunque el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, «intente salir al rescate de Montón, nadie puede garantizar qué va a pasar ahora por haber aprobado una norma ilegal».

«En Montón todo es mala gestión e improvisación que repercute directamente en perjuicio de las personas más desfavorecidas. No pueden echar la culpa de sus chapuzas al PP o al gobierno central por aprobar algo ilegal», agregó.

A su juicio, Montón «intentó eliminar» el copago en diciembre de 2015 para incorporarlo en el presupuesto de 2016 en la ley de acompañamiento, pero el Consell Jurídic Consultiu advirtió de la ilegalidad y, ante las elecciones generales, «se vio obligada a improvisar y aprobarlo como subvención y con el criterio de universalidad».

Zaplana señaló que el PP advirtió de que el decreto estaba «mal redactado, no era el que se necesitaba e iba a dar problemas legales, como así ha sido».

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró que de una manera o de otra, las personas con diversidad funcional y pensionista «no volverán a tener que pagar sus medicamentos», por lo que pidió que nadie «deje su tratamiento médico».

Puig se pronunció así en relación a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ha declarado la nulidad de los decretos de copago a personas con diversidad funcional y pensionistas porque no fijan los presupuestos económicos que deben tener los posibles beneficiarios.