El PP rechaza pactar bajo las condiciones impuestas por Puig

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, no estudiará el decálogo de medidas para salir de la crisis que el secretario general del PSPV, Ximo Puig, le remitió ayer, ya que el líder del principal partido de la oposición todavía no ha contestado al ofrecimiento del jefe del Consell de negociar un gran pacto entre partidos políticos y sociedad civil para fomentar el empleo, mejorar la imagen de la Comunitat y exigir una mejora del sistema de financiación autonómica, según explicaron fuentes populares.

Fabra anunció hace más de dos meses su voluntad de llegar a un acuerdo con la oposición para defender los intereses de los valencianos, oferta que recordó hace un par de semanas en su primera sesión de control de 2013 y de la que, según los populares, no han obtenido respuesta. En esta línea, el secretario general, Serafín Castellano, lamentó que su homólogo socialista «pierda el tiempo con misivas, en lugar de sumarse al pacto de Fabra». Esta falta de contestación ha hecho que los populares desconfíen ahora de la voluntad negociadora que predicó Puig ayer.

Además, recordaron que tampoco se ha pronunciado aún sobre la otra propuesta de pacto del Consell, la reducción de diputados de Les Corts y de los miembros de los órganos estatutarios. Sin embargo, en este caso, la no respuesta es ya una respuesta. Para que entre en vigor en las próximas elecciones, han de llegar pronto a un acuerdo, ya que hay que reformar el Estatuto de Autonomía.

El socialista, por su parte, aseguró que Fabra «nunca» le ha llamado, por lo que ha decidido «tomar la iniciativa». De esta manera, le envió una carta para ofrecerle diálogo en torno a tres cuestiones: la lucha contra el desempleo, la financiación autonómica y las infraestructuras y la regeneración democrática.

En ella, plantea un plan de choque contra el paro con una dotación de 500 millones y una línea de apoyo financiero para la creación de empresas. También, establece la necesidad de aprobar un plan de pagos «preciso» a proveedores y Ayuntamientos.

Respecto a la financiación, exige la revisión del sistema y el pago de la deuda histórica. El impulso del Corredor Mediterráneo es otra de las reclamaciones centrales.

Sobre la lucha contra la corrupción, plantea la creación de una norma con rango de Ley que obligue a la publicación anual de las rentas de los cargos públicos. En este línea, propone la renuncia al privilegio del aforamiento por parte de los diputados implicados en casos de corrupción.

Fuentes populares aseguraron que negociarían estas medidas, ya que están de acuerdo con algunas, pero creen que el camino correcto es que Puig conteste primero.