El PPCV pide a Oltra responsabilidades tras la imputación de su ex asesor

La vicesecretaria popular exige «ejemplaridad» tras la investigación del diputado provincial de Compromís por prevaricación

La vicesecretaria regional del PPCV, Mari Carmen Contelles, ha exigido a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra que «dé un paso al frente y asuma responsabilidades después de que la Justicia haya puesto contra las cuerdas al doblemente imputado Xavier Rius».

Contelles se expresó de esta manera después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia haya declarado la causa compleja y haya prorrogado 18 meses la investigación contra el diputado provincial de Compromís y ex asesor de Mónica Oltra, Francesc Xavier Rius, por un supuesto delito de prevaricación.

En este contexto ha pedido a Oltra «ejemplaridad, porque si calla estará blanqueando una actuación que la Justicia persigue», y señala que a la vicepresidenta «se le acabaron las líneas rojas en cuanto pisó la moqueta y se montó en coche oficial».

A su juicio, este asunto «pinta mal», como ya denunció el PP hace dos años. «Oltra lleva años conviviendo con cargos investigados sin que pase nada, ha normalizado las investigaciones judiciales a miembros de su partido como ha pasado recientemente con Joan Baldoví, cuya gestión urbanística está también en manos del juzgado de Sueca».

La vicesecretaria regional ha recordado que el actual diputado de Cultura avaló la contratación de una empresa, cuyo administrador era el hermano de quien fuera asesor suyo hasta octubre de 2016, además de primer teniente de alcalde de Paterna y presidente de la empresa pública GESPA del citado municipio.

Hospital de Castellón

Por otra parte, el vicesecretario regional del PPCV, José Juan Zaplana, también ha pedido el cese inmediato del gerente del Hospital Provincial de Castellón, Joaquín Sanchís, investigado tras una querella presentada por el acreedor de una mercantil de la que era administrador y que entró en concurso de acreedores.

Zaplana ha criticado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, «permita que imputados por delitos económicos pongan las manos en recursos públicos», sobre todo por estar investigados por estafa, delito societario y administración desleal.