El presidente de la Audiencia de Alicante pide penas más duras

-El presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, solicitó ayer que la reforma del Código Penal contemple que la imposición de penas sea «proporcional» a los delitos cometidos por «grandes» narcotraficantes, homicidas, asesinos, violadores o a aquellos que los cometan con menores.

Así, se mostró partidario de «actuar con extrema dureza» contra los que incumplan la ley «de manera grave», y de elevar penas para autores de este tipo de delitos. En su opinión, «es una absoluta vergüenza» que la legislación permita que se imponga una pena de ocho años por un delito de homicidio, con circunstancias atenuantes, o que la violación esté castigada con seis años de prisión.

Además, Magro manifestó que existe una serie de actividades delictivas que son «absolutamente predecibles» y abogó por implantar mecanismos que ayuden al respecto, e hizo referencia a personas que anuncian sus intenciones delictivas por internet, contra los que propuso que la Administración «destine recursos» para «obligarles» a pasar por programas de reeducación o prevención, como la que realiza la Oficina de Medidas Alternativas a la Prisión de la Audiencia alicantina. En este sentido expuso que un total de 624 sujetos penados han participado a lo largo de 2012 en los diferentes programas de medidas alternativas a prisión puestos en marcha por la Audiencia Provincial de Alicante, de los cuales 398 han tomado parte en el curso de reeducación y prevención centrado en casos de violencia de género.

Por lo que respecta a la reincidencia de los participantes tras el programa, Magro resaltó que «ha sido siempre inferior al diez por ciento, mientras que los casos detectados se han producido por vulnerar la orden de alejamiento o por reiterar conductas de maltrato por amenazas o maltrato leve de obra, si bien en ninguna ocasión han significado un daño evaluable en términos de muerte o agresión grave.

Según su criterio, «sin estas actividades la reincidencia en delitos de violencia de género podría alcanzar hasta el 80 por ciento», y puntualizó que a estos sujetos la pena, aunque sea leve, no se les quita, sino que se les suspende.

Este año, 39 personas, trece de ellas mujeres, han sido derivadas al programa centrado en la violencia doméstica, el cual no es de realización obligatoria por ley, sino que es de carácter potestativo para los jueces y tribunales sentenciadores.