El sector alerta de un aumento de la turismofobia por la oferta ilegal

Los vecinos de Valencia reclaman que algunas Zonas se declaren Turísticamente Saturadas

La creciente oferta de apartamentos turísticos ilegales genera una «presión con la población local» que puede conllevar un incremento de la turismofobia. Así loa advirtió ayer la secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, Nuria Montes, durante su intervención en la Comisión de Turismo en Les Corts. El objetivo de la misma es acoger la participación ciudadana del procedimiento de elaboración del proyecto de ley de turismo, ocio y hospitalidad.

A su juicio, es precisamente esta última virtud la que debe impregnar el comportamiento de los valencianos «como antídoto a los brotes de turismofobia». Este fenómeno tiene su origen, según la opinión de Montes, «en los nuevos modelos de negocio que no tienen nada que ver con el hotelero; es la presión la que genera encontronazos con la población residente, además de encarecer hasta el extremo los precios de los alquileres».

La directiva de Hosbec puso como ejemplo Baleares, donde incluso los funcionarios públicos tienen dificultades para encontrar viviendas en alquiler. «Esto ya se ha trasladado a la Comunitat Valenciana, donde encontrar alquileres se convierte en imposible, los precios están desorbitados».

Además, alertó de que «todos los delincuentes de última hornada se han alojado en este tipo de viviendas, donde nadie verifica quiénes se alojan ni tampoco su seguridad interna, ni la alimentaria ni la de ningún tipo».

Gentrificación

Los vecinos de Valencia llevan años denunciando los desmanes turísticos de la capital. Ayer lo hicieron ante la Comisión de Turismo de Les Corts, donde pidieron leyes más duras contra los infractores. Entre otras medidas, la Federación de Asociaciones de Vecinos propone la zonificación de las actividades turísticas y de alojamiento en función de la densidad la población y de este tipo de viviendas para «garantizar el acceso a la vivienda y evitar la economía especulativa en torno al alquiler turístico», y que la ley defina qué se entiende por Zona Turísticamente Saturada, así como que a algunas zonas de Valencia se les aplique esta calificación .

A su juicio, esa zonificación debe tener en cuenta que esta modalidad turística ha de ser plenamente compatible con el uso racional o sostenible de los recursos naturales, así como con los equipamientos y dotaciones

Igualmente, estiman que se debe diferenciar entre alquiler compartido o colaborativo y el profesional y empresarial para «acabar con el fraude de falsa economía colaborativa» y que los vecinos que la practican «se beneficien del turismo de forma hospitalaria y directa sin perjudicar al resto de ciudadanos».

Se reprocha las molestias e inseguridad que se crean, los ruidos y orines, que hacen que los edificios «ya no sean de los vecinos», y critican la «gentrificación y turisticación» que hace perder la identidad a los barrios y convertirlos en parques temáticos donde reina el «low cost» y el descontrol.

Sus propuestas se fundamentan en datos como el aumento de las pernoctaciones y de su crecimiento en inmuebles que antes eran residenciales, en la subida de la rentabilidad de los alquileres turísticos frente a los convencionales y el aumento del precio de los alquileres en la Comunitat.

Siempre con el voto a favor de la comunidad de vecinos

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia propone prohibir el alquiler turístico en edificios residenciales sin permiso de la comunidad, endurecer los requisitos para darlos de alta, una mayor inspección y control y obligar a las plataformas digitales a ofertar pisos legales bajo pena de multa. Se trata de algunas de las medidas «viables, razonables y necesarias» que su presidenta, María José Broseta, propone incluir en la Ley de Turismo y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana para evitar «la proliferación de apartamentos vacacionales en situación irregular, sin control y en edificios residenciales». Piden que solo puedan comercializarse como vacacionales aquellas viviendas situadas en edificios cuyos estatutos de la comunidad de propietarios lo autoricen expresamente.