El síndic denuncia que hay 150.000 hogares asfixiados por la hipoteca

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, entregó ayer a Les Corts el informe realizado por su institución sobre la situación de la vivienda pública en la Comunitat Valenciana, es decir, de aquellos inmuebles que son puestos a disposición de las personas menos favorecidas, mediante el pago de alquileres sociales.

El adjunto, Ángel Luna, presentó el informe y dijo que la actuación de la Administración autonómica en materia de vivienda pública «ha sido muy débil», y que en el periodo 2010-2015 (más allá no llegan los datos) solo se había invertido un 0,4 por ciento del producto interior bruto de la Comunitat.

Luna instó al Consell a actuar «porque la Ley Social de la Vivienda solo tiene suspendidos dos artículos, y es una ley que va en la dirección de este estudio: solo hay que aplicarla», reprochó.

Respecto al informe, Luna desveló que hay 149.000 hogares valencianos en situación de «housing stress», es decir, que destinan el 47 por ciento de su renta, o más, a pagar el alquiler o la hipoteca, lo que desvelaría que en 2015 hubiera 7.100 hogares en situación de pobreza extrema.

El parque de viviendas públicas valencianas es actualmente de 66.000 unidades de las que el 95 por ciento están permanentemente ocupadas. Del resto, 2.130 viviendas están ocupadas ilegalmente, otras 2.000 están vacías, y 1.115 están pendientes de rehabilitación. «Éste es el colchón con el que puede jugar la Administración», dijo Luna y explicó que hay 7.100 viviendas en situación extrema que en cualquier momento pueden ser desahuciadas, por lo que el parque público se deberían incrementar de forma inmediata en 3.700 unidades. Pero si la Comunitat volviera a atravesar un ciclo económico de «contracción» las necesidad se elevaría a 20.000 viviendas.

La realidad del Consell

El pasado mes de marzo, la consellera de Obras Públicas y Vivienda, María José Salvador, realizó un balance de los logros del Consell en esta materia. Así, explicó se ha conseguido reparar y rehabilitar un total de 583 viviendas sociales y que están en marcha actuaciones en otras 174. La inversión ha sido de 11 millones de euros.

Por lo que respecta a las actuaciones futuras, avanzó que durante el próximo año se pondrá en marcha la redacción de un plan de gestión de suelo para dar salida a 49 parcelas de suelo residencial de titularidad pública donde se podrán construir 1.588 viviendas que se sacarán en régimen de alquiler.

Por lo que respecta a la lista de demandantes, los últimos datos arrojan que existen 4.200 personas que esperan la adjudicación de un piso de la Generalitat.