Huelga de estibadores

El Supremo autoriza las catas petrolíferas que la empresa declinó

Rechaza así el recurso del Ayuntamiento de Valencia

El Ayuntamiento pretendía evitar que los vertidos accidentales llegasen a la costa
El Ayuntamiento pretendía evitar que los vertidos accidentales llegasen a la costalarazon

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Valencia contra sendos reales decretos que en 2010 otorgaban a la sociedad Capricorn Spain Limited hasta cinco permisos de investigación de hidrocarburos en el litoral de Valencia.

En un fallo de la Sección Tercera, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS rechaza así el argumento de «infracción del principio de precaución» esgrimido por el Consistorio, y concluye que las actividades de extracción de hidrocarburos en zonas marinas no resultan incompatibles con la protección de hábitat naturales.

Según recoge la sentencia difundida ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Capricorn Spain Limited, empresa subsidiaria para operar en España de la compañía europea Cairn Energy, obtuvo el 23 de diciembre de 2010 permiso, mediante real decreto, para investigar futuras prospecciones y extracciones de petróleo en las áreas denominadas «Alta Mar 1», «Alta Mar 2», «Albufera», «Benifayó» y «Gandía», en el litoral valenciano.

El Ayuntamiento de Valencia trató de impugnar las concesiones alegando que esta actividad puede afectar negativamente al hábitat prioritario «Praderas submarinas de posidonia» y a espacios incluidos en la red Natura 2000, de modo que, «ante la falta de suficiente información técnica de los proyectos y valores ambientales afectados, deberían suspenderse temporalmente los permisos».

El tribunal recuerda que la prevención de riesgos para la salud de las personas y seres vivos o conservación de la biodiversidad, derivados de prospecciones submarinas para descubrir yacimientos hidrocarburos que pueden contaminar las aguas marinas, obliga a las Administraciones Públicas a «ejercer sus potestades autorizatorias, de inspección y control de forma responsable».