El TSJCV aplaza el juicio por la pieza de Fitur del caso Gürtel

El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) ha decidido suspender el comienzo del juicio por el pabellón valenciano en Fitur, previsto para el próximo lunes, hasta resolver sobre la competencia del mismo tras la pérdida de aforamiento de la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez.

El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) ha decidido suspender el comienzo del juicio por el pabellón valenciano en Fitur, previsto para el próximo lunes, hasta resolver sobre la competencia del mismo tras la pérdida de aforamiento de la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez.

Según informa el TSJCV, este órgano puede recibir hasta el próximo jueves las alegaciones de las partes y después, resolverá qué se hace respecto del juicio por esa pieza, una de las que conforman la rama valenciana del caso Gürtel.

La Sala de lo Civil y Penal de este tribunal adopta esta decisión en una providencia firmada por la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, después de que la única aforada que quedaba en esta causa, Milagrosa Martínez, perdiera esta condición tras renunciar el viernes a su acta de diputada en Les Corts.

La Sala considera que "procede suspender cautelarmente el señalamiento"para el inicio del juicio, previsto para el próximo lunes, "en tanto resuelva la Sala sobre la mencionada competencia"y una vez resuelto, añade, "se acordará lo procedente".

Esta providencia será notificada a las partes, que podrán interponer recurso de súplica en el plazo de tres días.

El juicio por el caso de las contrataciones de la Generalitat con la trama Gürtel para montar su expositor en varias ediciones de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid iba a comenzar el próximo 31 de marzo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

En esta pieza separada del caso Gürtel hay trece personas procesadas, entre ellas Milagrosa Martínez y la también exconsellera de Turismo Angélica Such (quien renunció al acta de diputada el 27 de febrero), para las que la Fiscalía pide once y nueve años de prisión, respectivamente.

La causa está abierta por los delitos de prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos en la contratación de la Generalitat con Orange Market -empresa de la trama Gürtel- para el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur entre 2005 y 2009, durante la etapa de gobierno de Francisco Camps.

Además de las dos exconselleras, también están procesados la cúpula de Gürtel y Orange Market (Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez El Bigotes, Isabel Jordán, Cándido Herrero y Mónica Magariños), el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret y otros cuatro empleados públicos de la Generalitat (Isaac Vidal, Jorge Miguel Guarro, Ana María Grau y Juan Bover).

Esta es una de las seis piezas separadas dentro de la supuesta financiación irregular del PP valenciano que investiga el TSJCV, la número tres.

Los hechos que se juzgarán se refieren a las adjudicaciones de la Agencia Valenciana de Turismo -entidad pública de la Generalitat- a la mercantil Orange Market de los contratos para la construcción, montaje y desmontaje de los expositores de la Comunidad Valenciana en la feria turística Fitur de 2005 a 2009.

Según la instrucción, hay indicios de que el grupo mercantil se aprovechó de las relaciones personales de sus gestores con las máximas autoridades del Gobierno valenciano para lograr esas adjudicaciones, a pesar de que sus ofertas eran las más caras y de que no reunían las condiciones técnicas y económicas necesarias.