El TSJCV cita a Blasco para decidir si se le aplica alguna medida cautelar

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha citado el próximo lunes al exconsejera de Solidaridad y Ciudadanía y ya exdiputado No Adscrito en las Cortes, Rafael Blasco, y a otros seis condenados en la primera pieza del 'caso Cooperación' para estudiar si se les aplica alguna medida cautelar --prisión o retirada del pasaporte-- tras la condena de prisión.

El tribunal valenciano ha previsto esta convocatoria tras solicitarlo Fiscalía Anticorrupción, ya que se plantea solicitar medidas cautelares para los condenados en esta primera pieza, en la que se han juzgado irregularidades en la concesión de ayudas a la Fundación Cyes en el año 2008 para proyectos en Nicaragua. El ministerio público se plantea esta posibilidad hasta que se declare firme la sentencia, que es recurrible ante el Tribunal Supremo.

El primero en tener que acudir al tribunal valenciano el próximo lunes es Rafael Blasco, condenado a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación por un delito continuado de malversación de caudales, en concurso con un delito de tráfico de influencias, otro de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial. Tendrá que asistir a las 10 horas.

A Blasco le seguirá, a las 10.15 horas, la ex secretaria general de la Consejería Tina Sanjuán, condenada a siete años, seis meses y un día de cárcel, así como a 17 años y medio de inhabilitación; luego asistirá, a las 10.30 horas, el exjefe de servicio de Cooperación, Marc Llinares, condenado a cuatro años, seis meses y un día de cárcel.

A Llinares le seguirá, a las 10.45 horas, el exsubsecretario Alexandre Catal, condenado también a cuatro años y medio de prisión;

a las 11 horas lo hará el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, condenado a tres años de cárcel; a las 11.15 horas el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, al que se le fijaron cuatro años de prisión; y a las 11.30 una trabajadora de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera Tomás, condenada a tres años y seis meses.

En relación con el cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, único en prisión por esta causa, y condenado a la misma pena que a Blasco, la Sala pide al ministerio público que vista su situación personal, aclare el sentido de su petición. Al ex director general Josep María Felip no se le cita puesto que fue el único al que no se le impuso cárcel, sino una pena de siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

PIEZAS 2 Y 3

Por otro lado, en otras resoluciones paralelas relacionadas con el mismo caso pero con las otras dos piezas restantes (1 y 2), relativas

a subvenciones por parte de la extinta Consejería de Solidaridad a distintas ONGs entre los años 2009 a 2012, y el proyecto de construcción de un hospital en Haití tras el terremoto, la magistrada acuerda suspender las testificales previstas a partir de la próxima semana. En concreto, para el lunes estaban citadas la presidenta de la Diputación de Alicante y alcaldesa de San Vicente del Raspeig, Luisa Pastor; y la diputada nacional y vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Carlota Navarro.

La magistrado ha acordado esta medida ante la renuncia a su escaño de Rafael Blasco, único aforado en el procedimiento. Según indica en la resolución, al haber renunciado el exconsejero y haber perdido la cualidad de aforado ante el TSJCV, se deben elevar las actuaciones a la Sala de lo Civil y Penal del tribunal para que se pronuncie sobre la eventual pérdida de competencia para seguir con la instrucción.

Precisamente este viernes la representación procesal de Blasco ha comunicado la renuncia de su cliente como diputado en las Cortes, y ha interesado la suspensión de las diligencias acordadas en la pieza

3 del procedimiento. Además, también hoy el secretario de las Cortes ha certificado a la Sala que Blasco, quien fue designado diputado en las elecciones a las Cortes en 2011, había renunciado a su acta. Ante ello, la magistrada se ha visto obligada a paralizar las testificales hasta que la Sala se pronuncie sobre la competencia para investigar las dos piezas restantes que obran en el 'caso Cooperación', que lo más probable es que acaben en un juzgado ordinario.