Estudiantes de la Católica piden medidas cautelares a la orden de becas de Marzà

Todo apunta a que el TSJ paralizará la resolución por infringir el artículo 14 de la Constitución

La pretensión del conseller de Educación, Vicent Marzà, de dejar fuera de la posibilidad de becas a los estudiantes de las universidades privadas puede chocar de lleno contra la Constitución Española y el principio de igualdad que consagra en el artículo 14, algo de lo que, por otra parte, ya había advertido el Consell Jurídic Consultiu.

Varios estudiantes de la Universidad Católica han pedido medidas cautelares al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ante la resolución del conseller que les dejaba fuera de la posibilidad de solicitar becas, y todo apunta a que el Tribunal dictará la paralización de la medida.

Al conseller Marzà, en la firmeza de su ideario, no le importó en absoluto que los alumnos becados de las universidades católicas cumplieran los mismos requisitos de ingresos y notas que los de las universidades públicas valenciana. La titularidad del centro educativo es un estigma indeleble al parecer del conseller que obvia que hasta la fecha, las ayudas se daban a estudiantes con mismos niveles de renta y de notas.

Es fácil deducir que el esfuerzo que debe hacer una familia con idéntica renta para llevar a su hijo a una universidad privada es mucho mayor que el que hace la familia cuyo hijo estudia en la universidad pública. Y no por ello, esa familia del estudiante de la privada deja de pagar los impuestos con los que se sustenta la universidad pública.

Sin embargo, desde la resolución de Marzà, esa misma familia, que ve menguados sus recursos por el pago de la educación que en otros casos corre a cargo de la Administracion, no puede acceder a las becas, también públicas, que se dotan con sus impuestos.

No se descarta que el TSJ aúne criterios para la resolución de las medidas cautelares que van llegando al Tribunal, y que ello conlleve finalmente, la paralización de la aplicación de la misma.

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia admitió a trámite el recurso presentado por el CEU San Pablo contra la orden de la Conselleria.

También, el Consell Jurídic Consultiu emitió el pasado 2 de junio el informe del proyecto de orden donde advertía de las numerosas incompatibilidades con la Constitución y otras leyes orgánicas.