Fabra responsabiliza a la oposición del cierre de RTVV por rechazar el ERE

Monográfico de Radiotelevisió Valenciana (RTVV). En la sesión de control al presidente de ayer solo se habló de las consecuencias del cierre del ente público y de quién tiene más responsabilidad en su liquidación. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, insistió en que la voluntad de su Gobierno cuando planteó el ERE era conseguir una televisión «viable», que pudiese mantenerse en un contexto en el que la Administración tiene como obligación adelgazar las empresas públicas.

Con este argumento como base, culpó a la oposición de denigrar RTVV para que no se viera, de alentar a los trabajadores y a los sindicatos a no pactar el ERE, a animarles a mantener una televisión que «no tiene cabida en la realidad económica actual». Es más, les acusó de oponerse sistemáticamente a ejecutar todos los ajustes en las empresas públicas necesarios para mantener los servicios básicos, «ni siquiera aceptan la reducción de diputados», aludiendo a la negativa de la oposición a pactar una modificación del Estatuto de Autonomía para eliminar parlamentarios.

PSPV, Compromís y EU solicitaron a Fabra que recapacite, que se reúna con los trabajadores y que escuche cuál es su propuesta para hacer una RTVV viable.

El síndico socialista, Antonio Torres, ya recuperado tras su baja por enfermedad, le respondió que los únicos culpables son Fabra y sus antecesores por ser los responsables del desprestigio y la ruina de RTVV, que tiene una deuda que supera los 1.300 millones euros.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Enric Morera, le ofreció la propuesta del Comité de Empresa que por diez millones más de lo que el Consell calcula que costará el cierre permite mantenerla abierta. Además, le instó a reflexionar sobre el drama que supone el despido de 1.600 personas más los 4.500 empleos que dependen del sector audiovisual.

La síndica de EU, Marga Sanz, pidió la dimisión de todo el Consell, «es el único que debe liquidarse y fundirse a negro» y preguntó a Fabra si cree que los ciudadanos no se acuerdan del despilfarro y el saqueo protagonizado por el PP.

Pero no hay marcha atrás. «Las sentencias no se negocian», aseguró Fabra, quien dijo ser consciente del dolor que sienten los que perderán su puesto de trabajo, pero remarcó que «por encima de todo, está el Estado del Bienestar» e insistió en que cada año de funcionamiento de RTVV con todos sus trabajadores cuesta 114 millones.