Imputados los que adjudicaron el contrato a un empresario del PSOE

La jueza cita a declarar a los responsables de la Mesa que adjudicó un contrato de 125.000 euros a Crespo Gomar

El Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, de la que es titular Mercedes Pérez Barrios, ha citado a declarar en calidad de investigados el próximo jueves a Rosario G. V. y Sandra S. F, respectivamente presidenta y secretaria de la Mesa de Contratación, y a José María A.G., interventor.

Estas citaciones se producen en el marco de la investigación relativa al concurso de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2010, por importe de 126.208 euros, por los presuntos delitos de prevaricación y/o malversación. La magistrada, según fuentes jurídicas, pretende esclarecer, además de verificar si la adjudicación de ese concurso a un empresario próximo al PSOE se ajustó o no a la legalidad y, en ese caso, de dónde procedieron las órdenes para acordar esa designación; y, además, si ese dinero fue finalmente a parar a las arcas del PSPV y del Bloc.

La jueza Pérez Barrios incoó diligencias previas para investigar lo relativo a los contratos en 2009 adjudicados por el Ministerio de Vivienda cuando al frente del mismo se encontraba Beatriz Corredor, a la empresa de comunicación de Crespo Gomar por un importe total de 126.208 euros; mientras que, por su parte, Carmen Huerta ha adoptado la misma decisión respecto al contrato adjudicado a la misma por el Ministerio de Sanidad en 2006 por un total de 184.138 euros.

Tanto la magistrada Pérez Barrios como Carmen Huerta, titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, investigan los contratos suscritos por dos ministerios gobernados entonces por el PSOE con la empresa de comunicación de Crespo Gomar, la cual, supuestamente, habría facturado unos servicios al PSPV y su actual socio de Gobierno, Compromís, durante la campaña electoral del año 2007, «de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios mediante la confección de facturas falsas, coincidentes en sus cuantías con las presentadas por Crespo Gomar».

Esta última magistrada también abrió diligencias respecto al contrato adjudicado a la misma por el Ministerio de Sanidad en 2006 por un total de 184.138 euros.

Las dos magistradas admitieron la inhibición planteada por el Juzgado de instrucción 21 de Valencia, el cual investigaba una presunta financiación irregular del PSPV y Bloc, en 2007, a través de Crespo Gomar, a la que podrían haber recurrido estos partidos para que, a través de facturas falsas, empresas terceras pagaran gastos de la campaña de 2007.

Ahora, una vez incoada las diligencias correspondientes, el siguiente paso será citar a las primeras personas como investigadas en ambos procedimientos.

El PPCV espera que se acepte su personación

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) está a la espera de que su personación en la causa sea aceptada. El pasado 14 de abril el PP confirmó su participación en la causa asegurando que de esta manera se «podrá llegar hasta las últimas consecuencias». Además, si es aceptado como parte, los populares tendrán acceso a todo el sumario.