Jorge Rodríguez responsabiliza a Orengo de las contrataciones de Imelsa

El expresidente de la Diputación asegura que el pacto para crear la nueva Imelsa es anterior a él

El expresidente de la Diputación asegura que el pacto para crear la nueva Imelsa es anterior a él

El expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha presentado un escrito al juez en el que pide la declaración del que fue su jefe de gabinete, José Manuel Orengo, para que explique diversas contrataciones en la antigua Imelsa, hoy Divalterra, que están bajo la lupa judicial en la conocida como causa Alquería.

En el escrito se afirma que Rodríguez «accede al puesto de presidente de la Entidad, tanto en Diputación como en Imelsa con posterioridad al referido acuerdo, en el que no tuvo intervención alguna».

De esta forma, Rodríguez descarga la responsabilidad en Orengo «que nos puede aclarar exactamente en qué circunstancias se produjo» y añade que el anterior gerente de Imelsa, Rafael Soler, llegó a preguntar incluso en esa reunión por el «mérito y capacidad» de los nuevos contratados.

El escrito del abogado de Rodríguez alude a un documento anterior, pero dicho letrado no quiso concretar de qué documento se trata porque «no estoy autorizado a hablar con la prensa».

Sin embargo, en la fecha en la que, según Rodríguez, Orengo participa en esa reunión en la que se nombra a los dos nuevos gerentes de Imelsa y al jefe del servicio jurídico, él ya había tomado posesión como presidente de la Diputación, ya que ésta se produjo el 14 de julio de 2015 y la reunión citada se celebró el 24 de julio según el escrito del abogado silente.

Pero no solo descarga la responsabilidad en las contrataciones por las que se le imputa un delito de malversación, en la persona de Orengo, sino que también mete en el saco a otros antiguos compañeros de partido como la exalcaldesa de Moncada y exdiputada, Concha Andrés, o Xavier Rius y Pablo Seguí.

De este último, Rodríguez aporta un amplio calendario de reuniones en las que estuvo presente y en las que se adoptaron las decisiones que ahora están en entredicho: «el testigo ratificará su presencia en las juntas y en los consejos y el hecho de que todos los consejeros eran conocedores y dieron su consentimiento a la contratación de altos cargos».

También descarga responsabilidad y propone que se tome declaración a los políticos de Compromís María José Amigó, Emili Altur y Josep Bort que «formaban parte del consejo de administración y así consta en las actas aportadas. Nos aclararán, no solo los puntos relativos al documento sobre el pacto de gobierno que crea la nueva estructura de Imelsa, sino también el conocimiento directo de todos los consejeros de las contrataciones realizadas y la fórmula empleada, incluidos los propios denunciantes».