Valencia
La concejala de València en Comú María Oliver, citada como investigada el 10 de abril por adjudicar un contrato “a dedo”
La candidata de Podem a la Alcaldía de Valencia explica que el contrato pasó todos los filtros del Ayuntamiento “con alguna pequeña observación”
La portavoz de València en Comú en el Ayuntamiento de València, María Oliver, ha sido citada a declarar como investigada el próximo día 10 de abril por un convenio con la Universitat de València para realizar un estudio del sistema educativo de la ciudad y que, según la denuncia inicial del PP, se adjudicó “a dedo”.
Así consta en la providencia, a la que ha tenido acceso EFE, del Juzgado de Instrucción número 19, en la que también se cita a declarar en calidad de testigo el día 3 de abril a una trabajadora del Ayuntamiento.
La investigación tiene su origen en una denuncia del asesor del PP Luis Salom, interpuesta en febrero del año pasado contra Oliver por un posible delito de prevaricación, supuestamente cometido por encargar “a dedo”, según la denuncia, el citado estudio a “un compañero de partido”, miembro del máximo órgano de Podemos en la Comunitat y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de València.
El juzgado ya requirió al Consistorio el expediente del citado convenio el pasado 10 de marzo y en junio citó a declarar en calidad de testigo al interventor general municipal.
Según el denunciante, era “cuanto menos sospechoso” que la adjudicación de este estudio se hiciese “mediante un convenio de forma directa, al margen de cualquier convocatoria pública y sin justificación alguna, tal y como hace constar la intervención municipal en dos informes”.
En su momento, Oliver, que es concejala de Educación del Ayuntamiento y portavoz de València en Comú (la marca de Podemos en València), explicó a EFE que el convenio con la Universitat para el estudio sobre el sistema educativo de la ciudad había “pasado todos los filtros del Ayuntamiento con alguna pequeña observación”.
La recientemente proclamada candidata de Podemos a la alcaldía de València argumentó entonces que era “un trabajo necesario” que se hizo con una institución pública y que se daba “un contenido pedagógico para gente que está investigando”, por lo que consideraba que ese tipo de colaboración solo se podía hacer con un convenio.
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