Valencia

La denuncia del PSPV reprodujo párrafos del informe anónimo

La Razón
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La diputada del PSPV que denunció irregularidades en la concesión de ayudas a Cooperación, declaró ayer como testigo en la causa que enjuicia dichas desviaciones.

La aforada explicó que la documentación relativa a las irregularidades del expediente de la ong Cyes llegó a sus manos de forma anónima, en un sobre blanco que dejaron en la sede del PSPV de Blanquerías. Dentro había «más de cincuenta folios» con los expedientes de los dos proyectos, la concesión de las ayudas, la referencia a los pisos y un informe de todo lo que se hallaba en el sobre. Según asegura Tirado, todo el contenido del sobre eran folios, papel, no había ningún soporte informático.

Sin embargo, la denuncia que más tarde presentó el PSPV contenía párrafos literales de dicho informe, algo que es casi indiscutible porque contienen incluso los mismos errores gramaticales.

Los abogados de la defensa preguntaron y repreguntaron a la testigo sobre cómo realizó el «corta y pega» si no tenía el documento en formato informático, algo que la diputada no supo explicar: «no sé cómo lo hicieron los servicios jurídicos».

Los letrados trataron de demostrar, sin ningún éxito, que la diputada tuvo acceso a la documentación de forma telemática y que fue algún técnico de la Conselleria quien le envió los archivos por correo electrónico o algún soporte informático que hiciera más fácil extraer la documentación de la Conselleria.

No es la primera vez que esta acusación sobrevuela la sala del plenario, sobre todo cuando declaró una de las técnicos que revisaban los proyectos, y que es pareja de un destacado militante socialista de la ciudad de Valencia.

En cualquier caso, la persistencia desesperada de los letrados fue aquietada por la diligencia de la presidenta del tribunal.

Tirado explicó también que la denuncia le pareció «verosímil» y que por ello lo puso en conocimiento de la Fiscalía «que es quien debe averiguar si es cierto o no».

Por otra parte, ayer declaró el técnico de la Conselleria, Juan José Iborra, quien no pudo concretar nada que no hubiera «oído» de sus compañeras. Los abogados llegaron a preguntarle si había venido a declarar para perjudicar a alguien, e incidieron en su pertenencia a una ong que había recibido diversas ayudas.