La Diputación cambia la compra de desfibriladores por el bonolibro

El anterior equipo de la Diputación de Valencia dejó preparado el pliego que regulaba la adquisición de desfibriladores para los municipios de la provincia que los solicitasen. La inversión prevista en la compra de estos aparatos pensados para los polideportivos, incluía el curso de formación para su utilización y ascendía a un millón de euros. El «cuatripartito» que dirige ahora la institución provincial ha decidido paralizar este contrato. Según el PP, este dinero ha ido a parar al bonolibro propuesto por la Generalitat.

La portavoz del grupo popular, Mari Carmen Contelles, anunció que realizarán una propuesta para retomar esta medida que «puede salvar vidas». Además lamentó que el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, se haya convertido en el «cajero automático» de la Generalitat y que haya autorizado de manera inmediata el pago de 16,5 millones para las ayudas en las compras de libros sin tener en cuenta que el Consell debe 30 millones a la Corporación provincial, «al menos podría haber pedido una compensación».

Este es uno de los muchos peros que puso Contelles a los cien primeros días de la gestión Rodríguez. En general, aseguró que hay poca transparencia y que básicamente continúan con los programas que dejó el PP tratando de hacer creer que son nuevos. «Las ayudas sociales no las han inventado ellos. Esta Diputación ha atendido a 15.500 personas con el servicio de teleasistencia y ha sufragado la apertura de comedores escolares desde 2013».

Contelles apuntó que tampoco han sido innovadores en materia cultural. «La Diputación le concedió en 2013 la Alta Distinción a Pep el Botifarra y formaba parte de los programas de muchos municipios».

También criticó el reparto de inversiones y las condiciones impuestas para poner en marcha el Plan de Inversiones Sostenibles. Considera injusto que las pedanías de Valencia reciban 330.000 euros cada una mientras que los municipios de menos de 1.500 habitantes, «que casualmente están gobernados por el PP», únicamente 50.000 euros.

Por lo que respecta al procedimiento que se debe seguir para acogerse, advirtió de que el hecho de que únicamente dejen diez días para presentar la solicitud, obliga a los Ayuntamientos, especialmente a los más pequeños, a presentar los proyectos que ya tengan redactados y, además, con procedimientos sin publicidad. «Lo mismo que ocurrió con el plan E, que al final solo sirvió para arreglar aceras».

En materia de infraestructuras también criticó la paralización del plan de inversión en carreteras.