La Diputación respalda a los consejeros de Divalterra que declararon por Taula

El PP se queda solo en la petición de apartar a Rosa Pérez y Emili Altur al alegar éstos no estar imputados en Taula

La Diputación de Valencia rechazó ayer con la abstención de Ciudadanos y los únicos votos a favor del PP apartar del Consejo de Administración de Divalterra a dos consejeros que declararon en condición de investigados- antes imputados- por el caso Taula en el cuartel de la Guardia Civil.

Lo más llamativo de todo es que los argumentos para rechazar la propuesta del PP no fueron los utilizados en situaciones similares, como la presunción de inocencia, sino la negación de que tanto Rosa Pérez (EU) como Emili Altur (Compromís), ambos diputados provinciales, no están imputados. «No vuelvan a decir que estoy imputada. Es una injuria. Si no me han citado en dos años y medio quiere decir que no tienen intención de llamarme», remarcó Pérez en el pleno.

La portavoz popular, Mari Carmen Contelles, insistió en que el auto judicial de 28 de septiembre de 2016 afirma que Rosa Pérez no puede ejercitar la acusación particular en Taula «por tener la doble condición de acusadora y la de investigada».

Los populares solicitaron la celebración de una sesión extraordinaria del pleno de la Diputación de Valencia para abordar este asunto que, según explicó Contelles, implica directamente al presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, al que acusó de haber ocultado al Consejo de Administración de Divalterra sobre la situación procesal del caso Taula. «Ha hecho dejación de funciones y obligaciones y está dirigiendo Divalterra como si fuera su cortijo».

Le preguntó por qué razón ha guardado durante 18 meses dos informes que expresan las posibles incompatibilidades en las que podían incurrir estos dos consejeros debido a que estaban siendo investigados en una causa en la que la propia Divalterra se había personado como parte.

Contelles precisó que existen dos informes, uno de ellos encargada por la gerente de Divalterra, Agustina Brines, y otro a una asesoría jurídica a la que se le pagaron 100.000 euros que concluyen que ambos «incurrían en causa de incompatibilidad por conflicto de intereses».

Posteriormente, Rodríguez encargó un informe al secretario general de la Diputación que afirma que ambos consejeros no están imputados y por tanto, concluye que los informes anteriores están «equivocados».

Las facturas de Cical

Los populares solicitaron, sin éxito, información sobre el convenio firmado entre Divalterra y la FVMP para crear la Fundación Cical por valor de 120.000 euros. Cical se liquidó antes de comenzar a funcionar debido a la polémica que generó la presencia del ex alcalde de Gandía, José Manuel Orengo.

Pérez (EU) fue expulsada de la acusación de Taula

La Audiencia Provincial de Valencia excluyó a Rosa Pérez de la acusación de Taula al aparecer como investigada en el caso. Así se pronunció en enero de 2017 y así informó LA RAZÓN, insistiendo que Pérez ya negó entonces su condición de imputada. La Audiencia ratificó que la citación cursada por la UCO de la Guardia Civil para tomarle declaración fue la correcta.