La Fiscalía investigará las irregularidades en Divalterra

La portavoz del PP en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, ya lo advirtió en una entrevista concedida a LA RAZÓN. En el caso Divalterra- la antigua Imelsa- lo anecdótico son el gasto de 252 euros en bebidas alcohólicas por parte del ya ex gerente, Víctor Sahuquillo. Hay mucho más detrás y confiaba en que la Justicia sacase a la luz la mala gestión realizada por el socialista Sahuquillo.

Ayer fuentes del Ministerio Público confirmaron a Europa Press que ante la denuncia del PP, la Fiscalía decidía abrir diligencias de investigación por las presuntas irregularidades ante la denuncia del PP en la Diputación provincial sobre presuntas irregularidades en la empresa pública. La base es un informe de un auditor interno que detectó incidencias en la gestión del ente.

En este documento se revelaban un número importante de irregularidades. El auditor advertía de que se había contratado la nueva imagen corporativa de Imelsa a la empresa Socialnova de manera directa. Después del primer encargo se realizaron otros adicionales que hasta la fecha del análisis ascendían a más de 30.000 euros. «De haberse tramitado la necesidad de manera conjunta, dicha contratación habría requerido de la firma mancomunada de ambos gerentes».

A esta misma empresa se le encargaron las cuñas publicitarias de Divalterra para una campaña sin que hubiese un expediente de contratación. De manera parecida se actuó en el encargo que se realizó a esta empresa para el diseño de la nueva marca de Divalterra.

Como ya publicó este diario, un informe de los Servicios Jurídicos de la Diputación de Valencia sobre la contratación de esta campaña de publicidad, cuyo importe acabó ascendiendo a 62.000 euros, corroboró que este servicio se contrató de manera irregular.

«Los servicios se habían prestado y realizado con anterioridad a la tramitación del expediente de contratación». Además, la contratación de la publicidad se realizó a través de 14 contratos menores, lo que «podría estimarse un posible fraccionamiento de la contratación». El informe deja claro que Sahuquillo actuó solo en el proceso, por lo que exculpaba a la cogerente, Agustina Brines, de Compromís.

A la lista de contratos sospechosos se suman los tres que Divalterra suscribió a la letrada Emma Ramón, quien representó al ex alcalde de Gandía, José Manuel Orengo, en otros procedimientos. El valor de estos acuerdos ascendió a 90.000 euros.

La popular Contelles resaltó que esta letrada tiene domiciliado su despacho en el bufet de un conocido penalista que ha representado al PSPV en muchos procedimientos y con el que, como es sabido, mantiene deudas.

Orengo fue jefe de Gabinete del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y hombre de confianza del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Así mismo, se paralizó un contrato de asesoría jurídica por valor de 600.000 euros. El PP asegura que la adjudicación del mismo estaba decidida antes de salir a concurso, puesto que la parte más objetiva únicamente aportaba el diez por ciento de la puntuación.

El informe del auditor también detectó incidencias en dietas y gastos de representación. Así, antes de que entrase en vigor un norma para regular estos aspectos, se incluyeron en los tiques conceptos no regulados como bebidas alcohólicas.

El PP se mostró ayer satisfecho y cauteloso ante este anuncio, puesto que a pesar de ser los denunciantes, todavía no habían recibido la notificación de la Fiscalía.

Contelles incidió en que las auditorías señalan con datos objetivos hechos mucho más graves que el gasto en bebidas alcohólicas. «Hablamos de malversación de fondos públicos, fraccionamiento de contratos o la contratación de manera fraudulenta a empresas vinculadas a los socialistas por parte de la gerencia de Divalterra».

Afirmó que el PP ha cumplido con su obligación y tras las irregularidades destapadas, tanto por la auditoría externa como por la interna, las hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía».

También denunció que el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, ha tratado de obstaculizar su labor de oposición negándoles el acceso a la documentación requerida. Sin embargo, «su negativa, no hace más que confirmar que la gestión de la nueva Imelsa, tiene más sombras que luces».

Dimisión de Sahuquillo

La alarma suscitada por este cúmulo de denuncias, acabó con la dimisión de Sahuquillo. Aseguró que su renuncia al cargo se debió a «un error», en referencia a las bebidas alcohólicas, y que por ello, abonó los más de 200 euros que previamente había cargado a cuenta del dinero público.

Sahuquillo forma parte de la Ejecutiva de Puig. A día de hoy, el secretario general del PSPV, ha defendido que no hay razón algún por la que Sahuquillo tenga que dejar su cargo en el partido. Sahuquillo se encarga de la secretaría de Acción Electoral en la Comisión Ejecutiva Nacional.