La huelga de jueces y fiscales tiene un seguimiento del 50 por ciento

Seguimiento y valoración muy desigual del paro convocado para el día de ayer por una parte de las asociaciones de jueces y fiscales de España.

En palabras de José Manuel Ortega, de Jueces para la Democracia, «en la Ciudad de la Justicia de Valencia el paro fue secundado por el cincuenta por ciento» de los implicados.

Pero la forma de contabilizar las personas que secundan la huelga cuando se trata de la Judicatura o el Ministerio Fiscal es ambigua en tanto en cuanto la adscripción a una huelga se notifica por escrito, no comporta la pérdida de sueldo y suele llevar aparejada una suspensión de los señalamientos para ese día.

Pero, como admitían muchos «huelguistas», los jueces estaban en sus despachos trabajando, y los fiscales, calificando; lo que no hubo fue juicios.

El hecho de que las dos organizaciones mayoritarias, Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Asociación de Fiscales (AF), no secundaran la huelga también deslució la convocatoria, máxime cuando ambas han mostrado sus adhesión a la mayoría de las reivindicaciones que se reclamaban con el paro, aunque no con la medida en sí misma.

Las principales reivindicaciones fueron el incremento de la planta judicial habida cuenta de que la ratio de jueces por habitante en España es inferior a la de países como Albania, Moldavia o Ucrania: la paralización del proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial; y la retirada del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que resta independencia y autonomía al órgano de Gobierno de los jueces.

Protestan también contra el «ERE encubierto» que ha supuesto la supresión de los jueces de refuerzo «lo que crea espacios de impunidad en casos complejos como la corrupción política».

Son contrarios también a los «indultos arbitrarios, a la privatización de los registros civiles « y muestran su preocupación por las ejecuciones hipotecarias.