La Ley de Diputaciones de Lerma, en el punto de mira de PP y PSPV

El 4 de octubre de 1983 el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publicó una ley que declaraba de interés general las funciones básicas de la diputaciones provinciales y las vaciaba de poder económico y financiero en favor de la Generalitat. El hecho de que no llegase a aprobarse en Les Corts ha convertido este texto en el objeto de deseo tanto de populares como de socialistas, aunque con intereses muy diferentes.

Dentro del PP se ha llegado a solicitar al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que decrete su derogación. Siempre han sido defensores de estas instituciones y, además, confían en mantener su poder pese a que se produzca una derrota electoral en el ámbito autonómico. De ahí que quieran dejar sin efecto esta ley para evitar que si el futuro Gobierno está formado por una coalición de izquierdas no tenga tan sencillo vaciar de contenido las corporaciones provinciales.

Por el contrario, en el PSPV se estudia ya la manera aplicar lo antes posible esta ley, no solo por la molestia que podría ocasionar gobernar teniendo al PP en las diputaciones, sino porque es sabido que una de las propuestas de los socialistas es iniciar el camino legal para acabar suprimiendo estas instituciones.

La ley de 1983 deja ya bien claro en el preámbulo que lo primero que verán recortadas las diputaciones será su presupuesto. Afirma que debido a la retirada de competencias sus cuentas quedarán controladas. «Las correspondientes consignaciones, aun siendo aprobadas por las respectivas Corporaciones Provinciales, deberán ser establecidas y ejecutadas de acuerdo con los criterios de coordinación establecidos por el Consell». Por ello, dicta que el Presupuesto de la Generalitat quedará unido al de las diputaciones.

Tampoco es menor la lista de competencias que declara de «interés comunitario». En el terreno de la ordenación del litoral, incluye el urbanismo, la construcción y conservación de caminos y vías locales y comarcales, la explotación y construcción de cualquier tipo de transporte público, la producción y suministro de energía eléctrica y el abastecimiento de aguas. Añade también las competencias que tienen que ver con la actividad agrícola e industrial.

No podrán intervenir en las áreas de cultura ni en la de bienestar social, despojándolas así del contenido más próximo a los ciudadanos. Deberán presentar los proyectos de sus presupuestos a la Generalitat y no podrán aprobarse hasta que dé su visto bueno. La ley prevé también sanciones para los presidentes que se atrevan a contradecirla. Advierte de que el Consell podrá proponer a Les Corts la suspensión de las subvenciones o asignaciones si se entiende que se incumple la ley.