La ley urbanística da al Consell la última palabra en los PGOU

Si conseguir más autonomía municipal para aprobar los planes urbanísticos significa tener que hacerse cargo de posibles contenciosos, es preferible renunciar a ella. Así lo han entendido los Ayuntamientos y la gran mayoría de los agentes que han presentado sus alegaciones al anteproyecto de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup).

De ahí que la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente haya decidido rectificar en este punto la norma, según explicó ayer el director general de Evaluación Ambiental y Territorial, Juan Giner, y cargar a la Administración autonómica con la principal responsabilidad del planeamiento urbano.

La Lotup pretendía dar un giro de 180 grados a la aprobación de los planes generales de ordenación urbanística permitiendo que los Ayuntamientos pudiesen poner en marcha la aprobación o modificación de su planeamiento una vez incorporase la memoria ambiental emitida por la Conselleria. A partir de este momento, tendrían ya la capacidad para aprobar un documento de planificación completo que la Generalitat no volvía a revisar, puesto que daba por supuesto que los Consistorios aplicarán sus directrices.

Los Ayuntamientos, especialmente los de menor tamaño- el 70 por ciento de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes- temen no tener los suficientes medios para aplicar las exigencias medioambientales y que algún afectado cargue contra ellos como firmantes del plan.

Vistos estos inconvenientes, la Generalitat ha optado por una solución intermedia y divide el planeamiento urbanístico en dos fases. La primera, la que elaborará y aprobará exclusivamente la Generalitat. Redactará un «plan general estructural» que ya contará con la declaración ambiental estratégica. Los Consistorios recibirán este documento y sobre el mismo redactarán el «plan de ordenación pormenorizado».

El Comité Económico y Social (CES) recibió ayer el anteproyecto que se aprobará en Les Corts antes de que acabe el año.