Las familias numerosas reclaman a Marzà el mismo baremo que las monoparentales

Ven trato discriminatorio en los criterios de admisión para escolarizar a los niños. Los hijos a cargo de un solo progenitor obtienen cinco puntos; las familias con tres hijos consiguen tres

Los nuevos criterios de admisión con los que se puntuará a los niños a la hora de ser escolarizados que prepara la Conselleria de Educación han soliviantado a las familias numerosas, que ven en la propuesta un agravio comparativo respecto a las monoparentales, pues mientras a las primeras se les otorgan tres puntos, a las segundas se les dan cinco.

«No queremos ser más que ellos, pero tampoco menos», defendió ayer el presidente de la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de la Comunitat Valenciana (Fanucova), Eduardo Pinazo. Este colectivo confía en que el borrador que elabora en estos momentos el Departamento de Vicent Marzà sea consensuado con los afectados y que finalmente contemple una equiparación justa.

«Somos conscientes de que las familias monoparentales tienen unas necesidades, pero nosotros también. Nosotros aportamos a la sociedad un capital humano para asegurar el relevo generacional en el futuro. Y eso se tiene que reconocer». Por ello esperan la llamada de algún representante de la Administración autonómica que les emplace a una reunión en la que debatir dichos cambios.

De momento, la Conselleria se lo reconoce (como hasta ahora) con tres puntos para las familias numerosas de carácter general, es decir, aquellas que tienen tres o más hijos. En el caso de las «numerosas especiales» (aquellas a partir de cinco hijos), la puntuación se mantienen en los actuales cinco puntos, al igual que las monoparentales, que hasta ahora no se valoraban.

Pero las decisiones del Gobierno bipartito no han sido las únicas que han molestado a las familias numerosas, ya que recientemente criticaban el anuncio del Ayuntamiento de Valencia de rebajar las bonificaciones del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) que pagan.

En este sentido, Pinazo calificaba entonces la idea de «injusta». A su juicio, el cambio supone un varapalo para las economías domésticas de un colectivo que ya lo tiene difícil en su día a día.