Los alcaldes gestionarían un 12 por ciento de los tributos con la propuesta del PP

Los fondos se distribuirían en virtud de población, superficie del término y edad del censo

La proposición de ley de Justa Financiación de las Entidades Locales de la Comunitat Valenciana que el PP presentó la semana pasada en Les Corts Valencianes prevé que en el primer ejercicio presupuestario tras la aprobación de la ley, la dotación global de la partida destinada a los ayuntamientos sea del doce por ciento de los ingresos de la Generalitat por impuestos propios y cedidos.

A partir de su puesta en funcionamiento, en cada ejercicio presupuestario se determinará una dotación global del fondo provisional y otra definitiva que se establecerá una vez conocido el importe definitivo alcanzado por los ingresos tributarios de la Generalitat.

Estos ingresos son el impuesto sobre sucesiones y donaciones; el de patrimonio; el de trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados; el impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito; el autonómico sobre el juego; los impuestos sobre consumos específicos, el de actividades que inciden en el medio ambiente y cualquier otro impuesto propio que se cree en el futuro o que sustituya a cualquiera de los anteriores.

En la propuesta popular que ha de tener el visto bueno de Les Corts, el fondo se distribuye en dos secciones, una general y otra especial. La general se destina a transferencias corrientes a favor de las entidades locales para cubrir necesidades básicas, mientras que en la sección especial se destinará a transferencias de capital de carácter finalista (inversiones).

El fondo general se distribuirá entre los municipios según unos parámetros. Así, un quince por ciento se repartirá entre todos los municipios excluidos las capitales de provincia de forma directamente proporcional a su población; otro quince por ciento se distribuirá de forma proporcional a la extensión del suelo urbano (excluidas también las capitales de provincia). Otro quince por ciento, entre las diputaciones provinciales en función de los servicios que presten o les haya delegado los municipios de población inferior a 20.000 habitantes. Un 35 por ciento se distribuirá entre todos los municipios de forma proporcional al índice de corresponsabilidad fiscal. El restante 20 por ciento se repartirá entre todos los municipios, excluidas capitales de provincia, de forma proporcional a la población mayor de 65 años censada.

La síndica del PP, Isabel Bonig , explicó tras ofrecerle el pasado jueves esta proposición de ley al presidente Ximo Puig que «la proposición de ley pretende un marco estable, lo mismo que la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas llevada a los ayuntamientos. Es decir, que se establezca una única forma de financiar a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana similar a lo que corresponde del Estado. «Así conseguiríamos acabar con el clientelismo político y se garantizarían los servicios públicos básicos».