Moragues espera vender «cuanto antes» los edificios públicos

Este es ya el cuarto año en el que se presupuesta en las cuentas autonómicas la venta de edificios públicos de la Comunitat Valenciana. La primera vez fue en 2011, y se esperaba obtener por este concepto 393 millones de euros. Para este año la previsión ya se había reducido a unos 180 millones, de los que solo se ha logrado obtener poco más de dos gracias a los contratos de alquiler firmados. En un caso se arrendó la sede de la Conselleria de Infraestructuras a la Agencia Tributaria y en el otro la de Economía al grupo Inditex.

En 2014 hay presupuestados también cerca de 180 millones. Las expectativas se han ido reduciendo ante la falta de candidatos serios y solventes para adquirir estas sedes. Pero esto está cambiando. Al menos así lo asegura el conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, quien destacó ayer que espera vender estos activos «lo antes posible».

El cambio fundamental consiste en que hasta ahora los interesados en comprar este patrimonio eran «fondos buitre» que no proporcionaban suficientes garantías a la Generalitat, pero ahora existen un par de candidatos serios y fiables con los que se podría cerrar alguna operación en breve.

Moragues asistió ayer a la primera jornada de debate en Les Corts de la Ley de Acompañamiento y de los Presupuestos del año que viene. En los pasillos, explicó que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará esta tarde en el Ministerio de Hacienda, se aprobará la propuesta por la cual las autonomías no tendrán que entregar al Estado el dinero recaudado por el Impuesto de Patrimonio, como ya anunció LA RAZÓN el pasado 18 de noviembre. Esta medida proporcionará cuantiosos ingresos a la región. En 2013 se recaudó con esta tasa 117 millones de euros y prevé ingresar 130 el próximo.

Moragues pedirá que se convoque el grupo de trabajo de diagnóstico del sistema de financiación, como paso previo al inicio de la reforma de un modelo que «tanto perjudica a la Comunitat Valenciana».

Se mostró confiado en que el diagnóstico de este grupo de trabajo y la reforma fiscal prevista para febrero del próximo año sean «el inicio de la reforma del sistema de financiación que tanto perjudica a al Comunitat».

Quien también habló ayer en Les Corts fue el vicepresidente del Consell, José Císcar. Aseguró que la compra de la empresa Valmor por parte de la Generalitat se hizo «dentro de la más absoluta legalidad», por lo que no les preocupa que el PSPV pueda llevar la operación a la Fiscalía.

Con respecto a la dimisión del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de su cargo como secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón, indicó que «lo relevante para el Gobierno valenciano» es que ya no ocupaba ningún puesto de responsabilidad ni cargo público que dependiera de la Generalitat o del partido.