Padres, profesores y portavoces piden dos líneas lingüísticas en los colegios

Asociaciones y federaciones instan a Educación a que la futura normativa lingüística contemple la doble línea para que se incremente la libertad de elección de los padres

A escasos días de que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) instase a la Conselleria de Educación a que introdujera mejoras en la que será la nueva normativa lingüística a partir del curso 2018-2019, son varias las voces que se adhieren a la petición del sindicato: conceder dos líneas a los colegios públicos y concertados de la Comunitat, en lugar de una, tal como contempla el proyecto de ley.

Como partidarios de esta modificación del borrador, presentado conjuntamente hace dos semanas por los portavoces parlamentarios de PSPV, Compromís y Podemos (y que todavía deberá pasar el preceptivo de Les Corts), se encuadra la Federación Católica de Asociaciones de Padres.

Tal como expresó su presidente, Vicente Morro, «Fcapa es totalmente favorable a la propuesta de CSI-F, pues consideramos que aumentaría la capacidad de decisión de las familias y el ejercicio del derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos». Es decir, en los colegios que cuenten con dos líneas, la última palabra la tendrían padres y madres, evitando, de esta forma, que sea la dirección la que fije una u otra para todo el centro.

En referencia a sus propias aportaciones en relación a la presente proposición de ley, Morro declaró que es una tarea que desde Fcapa tienen pendiente pero que llevarán a término. En su futura propuesta, adelantó que podrán de relieve el derecho a elegir de las familias.

Otros colectivos que también demandan de manera férrea al equipo de gobierno de Vicent Marzà que conceda a los colegios la posibilidad de poder optar a la doble línea son la plataforma Libertad Lingüística y la Asociación Idiomas y Educación.

De manera más escueta, pero clara y concisa, la primera plataforma defendió estar «a favor de que se mantengan las dos líneas en un mismo centro. Apoyamos a CSI-F en esa propuesta. Creemos que ambas líneas pueden convivir en un mismo centro sin problemas y así se le da libertad a los padres de elegir».

A través de un escrito, y de forma más extensa a la par que exhaustiva, los integrantes que componen la segunda asociación -padres y docentes de diversos colegios de la provincia de Alicante- decidieron no solo posicionarse a favor o en contra de la petición de la Central Sindical, sino ampliar la propuesta otorgando sus propias consideraciones.

«En el caso de ciudades grandes podríamos aceptar un modelo que tuviera centros con línea en valenciano y otros con línea en castellano, pero en las ciudades pequeñas es necesaria la doble línea para cada colegio, con el fin de garantizar proximidad a los alumnos».

Con todo, lo que rotundamente declararon «no aceptar» es la pérdida del derecho a elegir la lengua vehicular. Una restricción a sus libertades y que atribuyen a las intenciones del Consell, mediante el empleo de «estrategias para desviar la atención en lo que es su objetivo principal: la imposición del valenciano, encaminando a nuestra Comunitat hacia los Países Catalanes.»

Entre las «estrategias» para dar más peso a la rama valenciana en detrimento de la castellana, se basan en el artículo 11 del texto de esta propuesta de ley y del que deducen que «seguirán beneficiando a los centros que cojan más valenciano», exactamente un 50 por ciento, frente a un mínimo del 25 en castellano.

Por otra parte, denunciaron que «el proyecto dice que la dotación de recursos será mayor si el valenciano tiene un mayor grado de implantación, por lo que es, de nuevo, discriminatorio».

Por ende y, como consecuencia de la reciente propuesta lingüística, desde Idiomas y Educación manifestaron que «hemos reabierto una petición que trasladamos mientras estábamos en periodo de alegaciones del anterior decreto», actualmente suspendido por el TSJCV por presunta discriminación.

En relación a esto último, aprovecharon la ocasión para enfatizar que «ninguna de las alegaciones formuladas recibió respuesta de la Conselleria, y fueron cientos de ellas desde varias asociaciones y algunos padres».

En suma, los diversos colectivos que integran una parte de la comunidad educativa lanzan a Educación un segundo mensaje: mayor diálogo y participación en las políticas educativas.