PP evita bajar el sueldo a los altos cargos tanto como a funcionarios

El grupo parlamentario socialista defendió ayer en Les Corts Valencianes la rebaja del sueldo de los altos cargos en la misma medida que se ha rebajado a los funcionarios.

El grupo parlamentario socialista defendió ayer en Les Corts Valencianes la rebaja del sueldo de los altos cargos en la misma medida que se ha rebajado a los funcionarios.

Tal y como explicó el parlamentario socialista Rafael Rubio en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, a los funcionarios se les ha quitado una paga extra, lo que supone alrededor de un seis o un siete por ciento del sueldo, mientras que los altos cargos del Consell han sufrido una rebaja que no llega al dos por ciento de sus emolumentos.

Para el socialista, los «populares» valencianos han hecho una interpretación interesada del Real Decreto de reducción de sueldos en el sector público que promulgó el gobierno de Mariano Rajoy, y que ha hecho que la rebaja en el sector funcionarial sea más elevada que en los altos cargos. Por contra, la diputada popular María Fernanda Vidal defendió que no se pueden aplicar «medidas idénticas» para situaciones diferentes, ya que se producirían «agravios comparativos», y aseguró que desde el año 2008 los altos cargos «han sufrido más recortes con respecto al sector funcionarial».

«El poder adquisitivo de los altos cargos se ha mermado mucho más que el del personal funcionario», dijo Vidal

En cualquier caso, Rubio acusó a los «populares» de estar contraviniendo las indicaciones de Mariano Rajoy.

Por otra parte, el PP rechazó con sus votos una proposición no de ley de Esquerra Unida que proponía instar al Consell a no contratar con aquellas empresas que operen en paraísos fiscales o en aquellos territorios que ofrezcan incentivos fiscales de naturaleza similar.

La propuesta contó con el apoyo de Compromís y del PSPV que defendieron la idoneidad de dejar de contratar con estas empresas tanto «por razones de ejemplaridad» como por «motivos éticos».

El portavoz adjunto de EU, Ignacio Blanco, defendió la conveniencia de poner estas limitaciones para evitar casos como el del arquitecto Santiago Calatrava, al que la Generalitat ha pagado «más de 94 millones de euros» por los «sobrecostes» de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en una cuenta bancaria en Suiza.

«No nos parece procedente, desde un punto de vista ético, que la Generalitat contrate con empresas que tienen su sede en países extranjeros para eludir así el cumplimiento de la normativa fiscal vigente»,defendió.

El diputado del PP Rubén Ibáñez calificó esta proposición no de ley de «mediática» y «política», sin ninguna base «jurídica» efectiva.