PSPV y Compromís apoyan una moción en Simat a favor del referéndum

En Simat de la Valldigna, una localidad de 3.362 habitantes situada en la comarca de La Safor y a 340 kilómetros de Barcelona, el referéndum de Cataluña se ha convertido en una cuestión prioritaria. El pleno de este Ayuntamiento, gobernado por el alcalde de EU, Víctor Mansanet, aprobó el lunes una «moción de urgencia» presentada por Per Simat Esquerra, de Esquerra Republicana del País Valencia para mostrar la solidaridad de esta localidad con los alcaldes catalanes imputados por la Fiscalía y con aquellas personas que «apuestan por decidir democráticamente en las urnas su futuro».

Fuentes populares confirmaron a LA RAZÓN, que la única concejal de ERPV, Imma Cunyat, logró convencer a la mayoría del pleno para aprobar su propuesta. Los dos ediles de EU, los dos de Compromís y el del PSPV votaron a favor. Sumaron seis votos que lograron imponerse a los cuatro en contra del Partido Popular.

La moción muestra su solidaridad con los alcaldes imputados «por el simple hecho de facilitar locales para que el pueblo catalán pueda ejercer su derecho a decidir» y hace pública su «repulsa a aquellas instituciones y colectivos que impiden ejercer este derecho confiscando urnas, papeletas e imputando a los que discrepan».

El tercer punto de este acuerdo insta al «Gobierno del Estado» a buscar una «solución política y no jurídica ni represiva al deseo de que la mayoría del pueblo catalán decida su futuro a través de un referéndum».

En la exposición de motivos, Cunyat afirma que el hecho de que se hayan producido imputaciones y se haya dado la orden de detener a los que no vayan a comparecer supone adoptar «tics autoritarios más propios de la Turquía de Erdogan que de una sociedad europea abierta».

Lamenta que el Gobierno español no siga el ejemplo de Reino Unido y afirma que cuando se imputa a 700 alcaldes «se está utilizando la ley para llevar adelante un programa de represión política de la disidencia. Los demócratas ponemos urnas para preguntar a la ciudadanía y los golpistas y autoritarios las quitan. Así de sencillo».

La moción concluye diciendo que facilitar edificios para que la gente vote no puede ser un delito, «por mucho que lo diga el Tribunal Constitucional y, si lo es, es necesario cambiar la Constitución» y finaliza, «como miembros de un Ayuntamiento no podemos hacer más que protestar enérgicamente».