Puig aboga por desmantelar los equipos tras cada legislatura

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, retomó ayer su agenda tras el paréntesis navideño, repasó los deberes pendientes y fijó prioridades. Una de ellas será la de darle la vuelta a la organización interna de un partido que pierde militantes al mismo ritmo que votos. La línea a seguir parece clara, más transparencia y más eficiencia. Ambas buscan la aprobación de los simpatizantes y de la sociedad en general, pues no olvidan que la moral de los políticos, sobre todo la falta de ella, es uno de los problemas que preocupan al español de a pie. Así que se han puesto a trabajar en un documento que regule los cargos del partido y que copie de la Administración, incluida la americana, ciertos sistemas de funcionamiento. Además de revisar el modelo de contratación de, por ejemplo, los asesores, los socialistas aplicarán la lógica yanqui y disolverán sus equipos tras cada legislatura. Con ello se aseguran la fidelidad de su gente y evitan la acumulación de cargos, tan impopular en tiempos de crisis.

El líder socialista apuesta pues por implantar nuevos criterios de selección de, entre otros, los asesores políticos, de tal modo que éstos se sometan a un examen, similar a las oposiciones, en los que se valore exclusivamente el currículo y los méritos del aspirante. Hasta ahora sólo se precisa ser persona de confianza del cargo público para optar a uno de estos puestos, por otra parte, muy bien remunerados y cuyo sueldo sale, en última instancia, de las arcas públicas.

Puig asegura que su propuesta nada tiene que ver con las críticas contra Miguel Soler. Al asesor del vicepresidente segundo de la Mesa de Les Cortes, Ángel Luna, se le afeó su absentismo laboral de cinco meses en el Parlament, labor por la cual cobra 2.500 brutos al mes. Para el líder socialista el plan responde a un «necesario reajuste de los parámetros de funcionamiento interno del partido».

Pero además de apagar incendios internos, el PSPV trabaja en propuestas más públicas, como la Proposición de Ley Antimorosidad que presentarán en breve para garantizar los pagos a todas las instituciones y proveedores que en estos momentos están «colgados por culpa de la Generalitat».

¿Pactos? que llame el presidente

Quien tienen «la responsabilidad y la capacidad» de convocar es Fabra, «que para eso es el presidente». Puig dice que está abierto al diálogo con el jefe del Gobierno valenciano, pero no se muestra dispuesto a dar el primer paso si eso pudiera interpretarse como sometimiento. Con todo, «nunca dejaría de acudir» a una llamada del presidente de la Generalitat, más aún si en la cita se debatiera «un gran pacto» para la regeneración democrática, reconstrucción económica y diálogo social.