Puig cambiará la ley para limitar las competencias de las diputaciones

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, confesó ayer durante la sesión de control de Les Corts que solo le convence la gestión de la Diputación de Valencia, la única que encabeza un socialista. Una de tres -el resto sigue en manos del PP- es una proporción demasiado baja para no actuar contra estas instituciones.

A una pregunta del síndic de Compromís, Fran Ferri, anunció que en el primer pleno del próximo año tendrá preparada una reforma de la ley de Coordinación de las Diputaciones de 1983 que clarificará cuáles son las competencias de estos organismos. En la práctica, esto quiere decir que Puig está decidido a vaciar de competencias las Diputaciones, puesto que su eliminación se escapa de las competencias de la Generalitat.

El presidente defendió que tal y como están concebidas en la actualidad no tienen sentido en el ordenamiento jurídico, y considera que no es «de recibo» que permanezcan como una «cuestión sagrada» instituciones que ya están superadas.

Puig dio por buenas también las propuestas que le hicieron Ciudadanos (C’s) y Podemos. La fiscalización de la gestión de la Generalitat se redujo a la intervención de la portavoz popular, Isabel Bonig. El presidente no se ha acostumbrado al tono de la líder del PP y es evidente que le incomodan sus discursos.

Bonig le preguntó qué medidas recoge el Pacte del Botànic- que ella ha acuñado como el del Titanic- para crear empleo. Puig le respondió que recoge un apartado entero sobre economía aunque prefirió no entrar en detalles sobre el mismo y avanzó la inminente aprobación de un plan para luchar contra el paro juvenil que afectará 80.000 valencianos y dotado de 200 millones de euros.

Sin embargo, poco le lució al presidente el anuncio. La popular le recordó que en concreto este plan se trata de un programa europeo de ayudas y que fue el Gobierno de Alberto Fabra quien se encargó de gestionarlo. Además realizó este mismo anuncio en Les Corts.

La tensión terminó con la intervención del resto de grupos. Con Ciudadanos se comprometió a corregir el «despropósito masivo» de la época del boom inmobiliario. La síndica Carolina Punset le pidió la paralización de la reclasificación de 50.000 hectáreas de suelo rústico.

Al portavoz de Podemos, Antonio Montiel, quien le instó a tomar medidas para ayudar a los autónomos, le garantizó la creación de una ventanilla única para guiar a estos emprendedores.