Política

Puig obvia la crisis interna de Alicante pese a la apertura de dos expedientes

El secretario general del PSPV, Ximo Puig
El secretario general del PSPV, Ximo Puiglarazon

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, imitó ayer la estrategia del líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, de desvincularse de las cuestiones de organización más locales. Aseguró que las decisiones sobre los dos concejales, la ex portavoz Elena Martín, y el edil Gabriel Moreno, que abandonaron el pasado martes el Pleno de Alicante para no romper la disciplina de voto corresponden al grupo de la ciudad y consideró que este tipo de episodios de carácter local no son «trascendentes» para la formación política que dirige.

Él debe ocuparse, tal y como explicó, de fortalecer su discurso. «Yo no estoy en estos subtemas. Soy el secretario general y lo que me ocupa es levantar una alternativa».

Pero lo cierto es que éste no fue un capítulo aislado, ya que Martín ha protagonizado desde que fue relegada de la portavocía del grupo diversos enfrentamientos con la dirección del grupo. Por ello, la Ejecutiva local, que se reunió ayer de manera extraordinaria, decidió de manera unánime abrirle a ella y a Moreno un expediente disciplinario que acabará, probablemente, con la expulsión de ambos. Se les imputan tres faltas graves y dos muy graves, relacionadas con el desprecio a decisiones o personas de la dirección. Fuentes de la Ejecutiva señalaron que no se va a consentir este tipo de comportamientos, ya que el partido tiene unas normas.

A la espera del gran pacto

Por otra parte, el líder del principal partido de la oposición emplazó al jefe del Consell, Alberto Fabra, a convocar elecciones anticipadas si no es capaz de generar un gran pacto social para salir de la crisis.

Pese a que Fabra lanzó la idea de negociar con partidos y sociedad civil cuatro aspectos fundamentales para la Comunitat en enero de 2013, todavía no se han acercado posturas.

Puig recordó el decálogo de medidas que le remitió, entre las cuales se incluye la elaboración de un plan de pagos y la renuncia al aforamiento en los casos de corrupción.

Desde Presidencia aseguraron que el documento sigue negociándose con diferentes sectores de la sociedad.