«Todos hemos aprendido. No habrá otra burbuja inmobiliaria»

El presidente de los promotores de Valencia, Antonio Olmedo, advierte de que las nuevas leyes urbanísticas del Consell frenan inversiones

Antonio Olmedo, presidente de la Asociación de Promotores de Valencia
Antonio Olmedo, presidente de la Asociación de Promotores de Valencia

El presidente de los promotores de Valencia, Antonio Olmedo, advierte de que las nuevas leyes urbanísticas del Consell frenan inversiones

El cambio de ciclo se ha producido «de todas, todas». La crisis ha llegado a su fin y uno de los sectores que más la ha sufrido ha aprendido de sus errores. El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Valencia, Antonio Olmedo, analiza en una entrevista concedida a LA RAZÓN, la situación del mercado, las previsiones y las consecuencias de la política de urbanismo y vivienda de la Generalitat.

«Las empresas promotoras nos hemos visto utilizadas en la colocación del dinero. Éramos capaces de generar mucha demanda de crédito y fuimos, desde el punto de vista de la consideración bancaria, apetecibles para que sus negocios se afianzasen. Ahora empieza la consolidación de las empresas en un devenir mucho más ordenado y equilibrado, en donde todos actuemos con un nivel de cordura desde el punto de vista de la inversión. No hay que olvidar que somos generadores de mucho empleo».

De la crisis han aprendido la lección. «No todo el monte es orégano. Las decisiones de la inversión siempre hay que verlas con el retrovisor, pueden ir mal. No debemos alimentarnos de una ilusión óptica. Las tasas de compra, venta y subidas de precios no son mantenibles en una situación exponencial, que era lo que pasó de 2006 a 2008».

Descarta, por tanto, la posibilidad de que vuelva a producirse una burbuja inmobiliaria e incide en que el precio de la vivienda está subiendo en torno al dos o al tres por ciento. «Lo normal. Se consolida, no sube. El precio se está incrementando, pero después de una caída brutal producida de 2013 a 2016 de entre el 40 al 50 por ciento» e insiste en que la clave está en que el empleo crezca y también los salarios. «Esto llevará a que la demanda de vivienda se mantenga estable».

Así mismo, considera como un fenómeno pasajero el auge del alquiler. Afirma que tiene su sentido cuando no hay estabilidad en el empleo o los sueldos bajan, pero a la larga se va a mantener que «el criterio de la compra sea el plan de pensiones fundamental de las familias».

Olmedo admite que la situación del sector en Valencia, y en toda la Comunitat, es buena, «se va afianzando. Nos hace ser optimistas y con unas perspectivas muy buenas». El mercado del suelo industrial y el de las oficinas, uno de los marcadores de la economía también ha experimentado una mejoría e incluso se afianza la demanda de empresas de Madrid o Barcelona que, aunque no tengan su sede social en Valencia, la eligen para abrir sus oficinas porque el coste es menor.

Por lo que respecta a los inversores extranjeros, afirma que los británicos siguen siendo los principales compradores, aunque asegura que el efecto Brexit se notará. Los centroeuropeos también apuestan fuerte por Valencia y desde el Norte de África llegan nuevos inversores.

Sin embargo, este panorama positivo puede verse truncado por el cambio legislativo que está acometiendo la Generalitat valenciana.

Afirma que el Pativel, los planes de acción territorial (el de la huerta y el del área metropolitana) están echando hacia atrás decisiones de inversión. «Hasta que no se clarifique el panorama jurídico puede ser que no se ejecuten. Esto no es bueno en absoluto».

Inquietud también ha generado la Ley de la Función Social de la Vivienda, que entró en vigor el pasado mes de marzo y que contempla la posibilidad de expropiar a los promotores el uso de las viviendas que estén desocupadas.

«Cuando acometemos una promoción de viviendas para alquiler o vender no la queremos para tenerla en ‘stock’ si hay compradores. No somos ni grandes ni pequeños ni medianos tenedores de viviendas. Lo que hacemos es producir para venderlas, no para almacenarlas, esto sería cargarnos nuestras empresas».

Admite que la ley nace de una necesidad producida en un momento determinado, pero no comparte el modo en el que se ha desarrollado y advierte, como ya lo han hecho otros agentes, que supone una vulneración de derechos fundamentales, como el de propiedad.

«La posibilidad de que pueda ordenarse una expropiación produce inseguridad jurídica». Confía en que estas situaciones no lleguen a producirse y que un reglamento resuelva estas «particularidades, incongruencias o anomalías». De lo contrario, advierte de que podrían producirse «efectos perversos en las empresas que afectarán al empleo».

Olmedo, presidente de esta asociación desde el pasado mes de marzo, agradece a su antecesor el trabajo hecho y asegura que trabajará para que las empresas tengan buena formación e información.