Alcorcón, siguiente parada de la oleada radical anti-PP

Los incidentes ocurridos en Alcorcón, en la noche del sábado, como los acaecidos en los últimos meses en otras localidades de la Comunidad de Madrid –o fuera de ella, como los del barrio de Gamonal en Burgos– tienen como denominador común la presencia de grupos de extrema izquierda y antisociales organizados, ajenos a las motivaciones que generan las protestas y las manifestaciones, y cuyo objetivo es la alteración del orden público y la consiguiente alarma social entre los ciudadanos.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, a partir de las concentraciones del 15-M, en especial la de la Puerta del Sol de Madrid, tolerada por el Gobierno socialista hasta límites que entonces parecían inexplicables pero cuyas consecuencias son evidentes ahora, se creó una red «invisible» que se ocupa de aprovechar cualquier tipo de protesta para convertirla en un problema de orden público. Curiosamente, las localidades elegidas son las que están gobernadas por el Partido Popular como si en las que tienen alcaldes socialistas o de otras formaciones no se produjeran problemas, algunos de ellos de mayor gravedad, que los que se pretenden denunciar con las últimas algaradas.

Antes de lo ocurrido este fin de semana en Alcorcón –con un balance final de 15 detenidos, 21 policías heridos e importantes destrozos en el mobiliario urbano y en comercios y bancos–, disturbios de similares características tuvieron lugar en otros puntos de la región en el tramo final de 2013. En Madrid capital, durante la huelga de limpieza viaria del pasado mes de noviembre, los disturbios nocturnos se convirtieron en una constante, que incluyó la quema de contenedores y vehículos así como la coacción a los trabajadores encargados de los servicios mínimos. Semanas más tarde, en diciembre ya, los episodios se reprodujeron en Pinto. La huelga de limpieza desembocó en fuertes actos vandálicos. En Madrid y en Pinto, como ahora también en Alcorcón, el motivo utilizado por estos grupos radicales fueron conflictos laborales derivados de la externalización de un servicio en el que, en ninguno de los tres casos, se ha producido despido alguno entre los trabajadores de las empresas afectadas.

En el caso de Alcorcón, la presencia de grupos ajenos a las motivaciones de la protesta quedó de manifiesto, ya que los vecinos comentaron, cuando finalizaron los incidentes, que los que los habían protagonizado formaban un núcleo reducido de entre 20 y 25 personas que no tenían nada que ver con la manifestación y que mantuvieron actitudes violentas e incluso obligaron a que interviniesen los Bomberos al quemar la basura que se amontonaba en los contenedores.

Las citadas fuentes alertan de la creciente actividad de estos grrupos, de «carácter antisistema y anticonstitucional, que manipulan en beneficio propio las iniciativas sociales, con el fin de subvertir el orden público». Además, por sus características manipulan con gran facilidad, y en beneficio propio, a otros individuos que acuden a las manifestaciones o concentraciones con el fin de protestar por un asunto concreto y se ven envueltos en auténticas «batallas campales» con las Fuerzas de Seguridad.

Un problema añadido, según las referidas fuentes, es que los grupos de extrema derecha, absolutamente marginales en España, están empezando a cobrar una cierta actividad precisamente para enfrentarse a los de extrema izquierda, a los que culpan de intentar adueñarse de la calle para imponer el caos. Entre los expertos policiales en este tipo de movimientos extremistas, tanto de izquierda como de derecha, existe una cierta preocupación ante la posibilidad de que en un futuro próximo asistamos a enfrentamientos entre ellos.

En el caso concreto de lo sucedido en Alcorcón en la madrugada del sábado al domingo, los incidentes comenzaron al finalizar la manifestación convocada por los sindicatos CC OO, CGT y CSIF contra el cambio de gestión en el servicio de recogida del vidrio. Tras la disolución de la marcha, se vivieron los primeros momentos de tensión. Fue entonces cuando,un grupo de entre 20 y 25 personas prendieron la mecha de los disturbios, que incluyeron la quema de basuras y ataques contra el mobiliario urbano y contra comercios de la ciudad.

Finalmente, el número de detenidos ascendió a 15, entre los que hay dos menores, tres mujeres y diez varones. Además, 21 agentes de la Policía Nacional resultaron heridos de distinta consideración. Varios de ellos sufrieron cortes en la cara, fracturas e, incluso, uno de ellos necesitó de 21 puntos de sutura en la cabeza tras recibir el impacto de un adoquín. Las detenciones se produjeron por atentado a agentes de la autoridad, desórdenes públicos y por daños a mobiliario urbano.

Desde el Consistorio, siempre se advirtió esta huelga como un conflicto con motivaciones meramente «políticas», al no existir despidos, ni rebajas salariales de por medio, ya que el conflicto, además estaba limitado a la externalización de un servicio –el de la recogida de vidrio– con una trascendencia limitada dentro de la empresa Esmasa, al prestarse únicamente una vez a la semana. La decisión de UGT de no secundar los paros reforzó al equipo de Gobierno local en su idea de que se enfrentaba a una «huelga política». El anuncio del alcalde, David Pérez, de recurrir a Tragsa para limpiar la ciudad ante la alerta sanitaria detectada por los técnicos municipales fue respaldada únicamente con el apoyo de los concejales del PP y con el voto en contra de PSM, IU y UPyD.

Precisamente esta última formación, Unión Progreso y Democracia, ha tenido un papel especialmente activo a la hora de criticar la gestión del alcalde en este conflicto, aunque ha denunciado los actos violentos. Se da la circunstancia añadida de que uno de los líderes sindicales convocantes de la huelga, el portavoz de CSIF en Esmasa, César Sánchez Fernández, concurrió a las últimas elecciones municipales, celebradas en el año 2011, como parte de la lista electoral –en el puesto número 26– de UPyD en la localidad madrileña de Leganés.