Carmena avala que grupos okupas puedan acceder a recursos públicos

El Ayuntamiento establecerá un censo de entidades sin personalidad jurídica para que puedan beneficiarse de descuentos en el pago de algunas tasas y acceder puntualmente a espacios municipales.

El objetivo no es otro, según el Gobierno de Manuela Carmena, que el de «salvar el bache existente entre la Administración y el mundo real». Según el diagnóstico de Ahora Madrid, los mecanismos que existen actualmente para regular las relaciones entre el consistorio y los distintos colectivos y entidades de la ciudad son muy rígidos y no reconocen al conjunto de la realidad asociativa.

En este contexto, la Junta de Gobierno aprobó ayer el proyecto inicial para reformular el Reglamento de Participación Ciudadana. La iniciativa, una vez entre en vigor, permitirá la creación de un censo para que colectivos sin personalidad jurídica puedan acceder a servicios hasta ahora vetados para ellos como el asesoramiento, la formación o la posibilidad de participar en encuentros organizados por el Ayuntamiento. Los cambios introducidos en el nuevo reglamento no acaban aquí e incluirán aspectos mucho más polémicos. Entre ellos, la posibilidad de que estos colectivos sin personalidad jurídica puedan ser beneficiarios de bonificaciones o exenciones en el pago de determinadas tasas cuando planteen a la administración local la realización de actividades no lucrativas en el espacio público. También podrán utilizar puntualmente espacios municipales y contar con recursos materiales del Ayuntamiento. Para todo ello, los colectivos tendrán que haber dado cumplimiento a un sencillo trámite: sumar como mínimo tres miembros y registrarse en un censo en el que identificar a sus integrantes, su finalidad y una dirección de contacto. «Es un censo que no tiene una función de control sino de conocimiento de la realidad asociativa», aseguró ayer en rueda de prensa el delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Ignacio Murgui.

Los cambios abren de esta forma la puerta a los recursos municipales a colectivos que en los últimos años se han resistido a inscribirse en el registro de utilidad pública. Entre éstos, figuran grupos próximos a algunos de los concejales que integran Ahora Madrid como La Ingobernable, el Patio Maravillas y otros colectivos okupas como los de La Dragona o La Yaya. Preguntado por esta cuestión concreta, Murgui no descartó que estos grupos puedan registrarse si así lo desean en el futuro censo: «La administración fija unas reglas de juego deben servir para todos. No se puede excluir a un colectivo porque genere animadversión en determinados sectores políticos». Murgui defendió la importancia de que el Ayuntamiento pueda colaborar de manera puntual con este tipo de colectivos sin personalidad jurídica, con todos los que cumplan los requisitos que fije la Administración, «independientemente de sus mimbres».

Aunque puedan acceder a recursos y espacios municipales de forma puntual o vean reducido el pago de alguna tasa, los colectivos sin personalidad jurídica no tendrán acceso a subvenciones. Tampoco podrán optar a la cesión de un inmueble municipal por un tiempo prolongado.

«Los amigos de la alcaldesa»

Desde una parte de la oposición, el nuevo reglamento es, sin embargo, visto con escepticismo. Fuentes del Partido Popular insistían ayer en que estos cambios suponen en la práctica abrir la puerta de los espacios municipales de todos los madrileños a entidades como La Ingobernable y el Patio Maravillas, próximas al partido de la alcaldesa. Desde el grupo municipal popular relacionan además esta normativa con la nueva regulación que el Gobierno aprobó para la concesión de subvenciones y que permite que algunas ayudas sean concedidas directamente por las juntas de distrito. Hasta ahora, todas las subvenciones debían ser aprobadas por la Junta de Gobierno. Desde el grupo de Ciudadanos, la concejala Sofía Miranda aseguró a través de las redes sociales que el nuevo reglamento tendrá como resultado que «los okupas amigos de Carmena –como por ejemplo, La Ingobernable– cuenten con la bendición del Ayuntamiento. Pasen, vean y ''okupen'' que pagamos todos los madrileños».

Otro cambio sustancial del nuevo reglamento supone la incorporación de la declaración de interés público municipal, que sustituye a la anterior declaración de utilidad pública. La diferencia estriba en que, además de entidades, podrán obtener esta declaración todas aquellas iniciativas, actividades y proyectos concretos que tengan por objeto promover el interés general y se trate de proyectos de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo o de promoción de los derechos humanos. Además, se establece un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del nuevo reglamento para que el Pleno proceda a la creación de la escuela de formación y capacitación del sector asociativo como órgano de asesoramiento y participación para estos colectivos.