Carmena inicia su «caza» contra las contratas de limpieza

Investigará los contratos integrales y reforzará las inspecciones para tener una base jurídica que le permita resolver los convenios con las concesionarias y sacar un nuevo concurso público

De nuevo, la alcadesa de Madrid, Manuela Carmena, vuelve a abordar el tema de la limpieza. Después de los planes de choque presentados en verano y el acuerdo con las empresas a comienzos del otoño para reforzar la plantilla, ahora la regidora carga contra el PP, que hizo el «desastre integral» que impide que las empresas cumplan adecuadamente con el contrato que firmaron.

Por este motivo, según anunció ayer la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, se van a «investigar» dichos contratos para seguir estudiando las posibilidades de modificarlos y mejorar la limpieza –que son pocas, según ella misma reconoció– y, en caso de que no haya alternativa, resolverlos. Es decir, al margen de los errores del equipo de Ana Botella, el consistorio madrileño va a buscar la manera de romper definitivamente dichos contratos sin que cueste un euro a los madrileños.

Una posibilidad real, siempre y cuando se demuestre que las empresas concesionarias están incumpliendo los objetivos comprometidos. Para ello, el equipo de Ahora Madrid va a reforzar la plantilla de inspectores puesto que, según aseguró Sabanés, para llevar a cabo una correcta supervisión de los 68 indicadores de calidad que sirven para determinar el grado de cumplimiento del servicio «harían falta como mínimo el doble de los 155 inspectores actuales».

En concreto, se recalificará al personal existente mediante procesos de promoción interna que supondrán la incorporación de 36 nuevos agentes de Residuos Medio Ambientales, 30 encargados de Medio Ambiente y 10 jardineros. También se reactivarán las ofertas públicas de empleo para incorporar a 46 agentes de Residuos Medio Ambientales. Asimismo, los inspectores en plantilla reforzarán su trabajo para revisar mejor el cumplimiento de los indicadores, así como para vigilar los comportamientos incívicos, tanto de ciudadanos como de comercios. Junto a esto, el departamento que dirige Sabanés pondrá en marcha un dispositivo especial de contenedores de papel y cartón y se continuará con la campaña de sensibilización y concienciación a la población.

En paralelo a estas actuaciones de urgencia, que se suman a las medidas de choque que desde el pasado verano puso en marcha el equipo de Manuela Carmena para limpiar la ciudad, el equipo jurídico del Ayuntamiento está estudiando el escasísimo margen de modificación que permiten los pliegos de contratación del servicio de limpieza, ya que la Ley impide ampliar o cambiar nada que no esté en los mismos –para evitar casos de corrupción por hinchar a posteriores el coste de los servicios–, lo que obliga a elaborarlos con mucho cuidado. De ahí la queja de Sabanés, que criticó ayer que han detectado varias «negligencias» en la elaboración de los contratos que suponen una dificultad añadida a la actuación de las empresas de limpieza.

Entre ellas, señala que el coste de limpieza por metro cuadrado es desigual según los lotes –el contrato se dividió en seis zonas que se adjudicaron a distintas empresas–, beneficiando a los distritos más «ricos». Si bien reconoció que el dinero no es tan determinante en las condiciones de limpieza. Además, esta cuestión se mezcla con los contratos específicos de limpieza en la Casa de Campo o Arganzuela, según explicaron fuentes cercanas al Área de Medio Ambiente, que precisaron que los pliegos fueron elaborados por los mismos técnicos municipales que ahora los revisan y que han sido fiscalizados numerosas veces.

Y es que los pliegos de contratación incluyen una cláusula de resolución del contrato con las empresas concesionarias si estas incumplen reiteradamente y de forma grave con su cometido que, pese a las bajas aplicadas por el consistorio y por las propias compañías, se comprometieron a cumplir por el precio pactado. Hay que tener en cuenta también que el Ayuntamiento nada tuvo que ver en la decisión de las empresas de aplicar un ERE a los trabajadores, si bien los pliegos no especificaban un número concreto de trabajadores necesario para hacer cumplir los indicadores.

El problema es demostrar el incumplimiento y de ahí, la investigación de los contratos que anunció ayer Sabanés, que siguió pidiendo a los madrileños que manden fotografías de las calles sucias puesto que éstas, junto a los dictámenes de los inspectores, constituyen pruebas de la falta de cometido de las empresas concesionarias. La resolución del contrato se haría entonces ante «la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad de cierta de producción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato o acuerdo entre las partes».

Con todo, la concejala de Medio Ambiente reconoció que la situación no es uniforme, por lo que en base a los trabajos de investigación y a sus conclusiones, se iniciarán las actuaciones lote a lote. Además, desde el consistorio señalaron que la intención es llegar a un acuerdo con las empresas concesionarias para resolver el contrato de buenas formas. También buscarán el respaldo de toda la corporación municipal.