Carmena legalizará en medio año al 75% de los okupas de la EMVS

66 de las 88 familias que ocupan una vivienda social serán adjudicatarias legales. Sólo deberán acreditar que llevan desde enero de 2016 en la casa y no tienen quejas vecinales. La medida fue aprobada ayer por Ahora Madrid con el apoyo del PSOE, que en abril se abstuvo, y el voto en contra de los ediles de PP y Ciudadanos

Quizás no sean las familias más necesitadas de la capital (obviamente, lo son) ni las adjudicatarias de una vivienda de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS). El principal requisito para optar a una vivienda social del Ayuntamiento de la capital es haberla ocupado previamente. A partir de ahí, y si usted cumple una serie de condiciones, puede quedársela en régimen de alquiler gracias a la nueva modificación del reglamento de la EMVS que hoy se hará público en la web municipal y que de alguna forma premia el haber cometido este acto delictivo.

Del parque de 6.280 viviendas que la EMVS tiene por la capital, 88 están ocupadas de forma ilegal, bien por el tradicional método de la «patada en la puerta» o porque sean adjudicatarios que han dejado de pagar la mensualidad obligatoria (en torno a los 100 euros). Ahora, los inspectores de la EMVS, según informaron ayer desde el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, dirigida por Marta Higueras, valorarán cada caso específico para ver qué familias pueden quedarse. Según fuentes cercanas al proceso, serán aproximadamente el 75 por ciento de todas las okupadas las que cumplan los requisitos, es decir, 66 familias. Desde hoy, cuentan con seis meses de plazo para regular su situación, según explicó ayer un portavoz de la EMVS.

Para acceder a ese contrato de alquiler o esta «regularización excepcional», como explican desde Ahora Madrid, se debe poder acreditar que se cumplen cuatro puntos básicos. El primero es haber okupado de forma ininterrumpida por más de un año antes de 1 de enero de 2016. Es decir, que en esa fecha, ya llevaran mínimo un año ocupando. Eso es demostrable, según explicaron ayer fuentes de la EMVS a este diario, porque los inspectores municipales de servicios sociales llevan años realizando visitas periódicas a estos parques para conocer qué familia vive en cada piso y saben desde cuándo ha okupado cada una. Éste ha sido el punto más criticado ya que no sólo una ilegalidad se convierte ahora un requisito imprescindible para optar a una de estas viviendas y se «castiga» a quienes se han abstenido de cometer un acto ilegal, sino que cuanto más tiempo lo lleven haciendo, mejor. Desde el consistorio explican que este requisito es para evitar el efecto llamada y la gente comience ahora a okupar a sabiendas de que en un plazo de tiempo les darán un piso aunque es precisamente eso lo que pueden provocar. Pero no sólo hace falta haber sido okupa por dos años, también hay que acreditar que se han cumplido las normas de la comunidad, es decir, que no han sido vecinos conflictivos. Se dará fe de ello mediante un informe emitido por la Dirección de Servicios Sociales y Patrimonio de la EMVS, donde se confirmará que han realizado un «correcto uso de las instalaciones comunes». Esto queda en no haber sido condenado por ningún conflicto vecinal, algo poco probable, ya que la mayoría de la socasiones no va la Policía y si lo hace a ningún vecino se le ocurre denunciar. Tampoco podrán acceder quienes hayan pertenecido a organizaciones que ilícitamente se lucran de ventas o de traspasos de viviendas públicas.

Otro requisito es el compromiso por parte del ocupante de abonar las rentas de alquiler y las cuotas atrasadas de comunidad desde la fecha de ocupación hasta un máximo de cinco años. Ésta es la única «penalización» que el Ayuntamiento aplicaría a los okupas. Se aplicarán unas tablas para que pagan qcon carácter retroactivo los meses que han estado disfrutando de esa casa sin pagar nada. En función del tiempo que lleven, se aplicará esta especie de multa, mayor o menor, pero nunca equivalente al tiempo real. Por ejemplo, si una familia llevara diez años ocupando, nunca pagaría más de cinco años. Para ponerse al corriente de estos pagos atrasados, la EMVS dará facilidades de pago. Desde el Ejecutivo de Manuela Carmena explican que en caso de «dificultades económicas» (que, se entiende, serán todas las familias ya que por eso viven en esas circustancias) para abonar en un solo pago las rentas atrasadas, la empresa municipal permitirá el pago fraccionado mensualmente junto a la renta y cuotas correspondientes en lugar de un único pago. Eso sí, la adjudicación será siempre en régimen de alquiler teniendo la EMVS la potestad suficiente para la regularización en la ocupada o en otra disponible dentro del parque de la empresa. Es decir, que a lo mejor tienen que mudarse a otra vivienda distinta a la ocupada.

Desde el Área de Derechos Sociales aclaran que las condiciones de contratación serán las mismas aplicadas al resto de adjudicatarios de la EMVS. El proceso de regularización excepcional exige que los ingresos de la unidad familiar de los solicitantes no superen en 3,5 veces el IPREM, salvo que la calificación de la vivienda establezca un límite inferior.

La concejala Higueras insistió ayer en que con estas medidas no están llamando a la ocupación sino que están pensando en aquellas personas que ya tienen un arraigo en la zona, ya sea el colegio de los hijos, el médico... en definitiva, que estén inmersas en un «proceso de normalización». El Ayuntamiento insiste en que con esta medida pretende «llegar a las familias que realmente lo necesitan».

El cambio de criterio del PSOE

Tras el consejo de administración de la empresa, Higueras explicó que esta iniciativa ha podido salir adelante con los votos favorables de Ahora Madrid y el PSOE. PP y C’s, por su parte, votaron en contra y se mostraron ayer muy críticos con la medida. El concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid Borja Fanjul aseguró que lo que pretende el Gobierno de Ahora Madrid es priorizar a los «amigos okupas» de la alcaldesa frente a las «diez mil familias que cumplen el reglamento de la EMVS». El PSOE, que en la pasada comisión de Derechos Soaicles de abril votó en contra de esta medida, se ha postulado ahora a favor por ser una «medida excepcional».